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Sandra Lorenzano

Medios para la democracia



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    21 de noviembre de 2009

    La acción de los grandes monopolios de la información en su búsqueda por influir sobre la opinión pública a través de la homogeneización de puntos de vista no es un “privilegio” de México, por supuesto.

    Todos los días sabemos de casos de manipulación informativa, de construcción de discursos mediáticos, de vaciamiento de contenidos o de la desaparición o frivolización de ciertos temas de interés social. ¿Quién no recuerda el filme Citizen Kane?

    Por esto, el primer Encuentro Internacional sobre Medios y Democracia en América Latina, celebrado en Buenos Aires, Argentina, esta semana no es algo intrascendente. No es posible construir una democracia con una ciudadanía pensante y participativa sin el apoyo de medios de comunicación abiertos, plurales y comprometidos con sus sociedades (y perdón que insista en mi caballito de batalla, pero también este tema tiene que ver con políticas culturales).

    Convocado por más de 30 organizaciones políticas, sindicales, ciudadanas y de derechos humanos (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros), el encuentro se celebró pocas semanas después de que fuera aprobada por el Congreso argentino la Ley 26,522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sustituye a la promulgada por la dictadura militar (1976-1983).

    Este dato no es un “detalle” sin importancia, como parecen pensarlo la mayor parte de los medios nacionales e internacionales que dieron la noticia, sino una de las causas principales de la necesidad del cambio. ¿Cómo construir una democracia fuerte, con una ciudadanía comprometida, si no se transforman las leyes establecidas por los gobiernos de facto?

    Hablar de esta ley como de una “maniobra” de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner es desconocer o borrar de un plumazo más de 25 años de trabajo y lucha de muy diversos organismos de la sociedad civil. Como lo dice el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, “esta no es una ley K sino una ley de todos los argentinos”.

    La nueva legislación busca, entre otros propósitos, evitar la concentración de medios. Un objetivo con el que no concuerdan, como es obvio, los grandes consorcios mediáticos. Pienso, por ejemplo, en el grupo Clarín o en el grupo español Prisa que tantos intereses tiene en América Latina.

    Permítanme detenerme aunque sea brevemente en algunos de los contenidos de la citada ley para que resulte más claro el enfrentamiento que se está dando en la sociedad argentina (cualquier semejanza con nuestra propia realidad ¿es mera coincidencia?).

    La nueva legislación impide, como decía líneas antes, la creación de monopolios y oligopolios fijando topes a la cantidad de licencias.

    “Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley anterior permitía que una persona fuera dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más de 35% del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de tv por cable en la misma localidad, y viceversa” (ver www.argentina.ar/hablemostodos/).

    Actualmente, son muchos los que entienden la “libertad de prensa” o la “libertad de expresión” como la libertad en la propiedad de los medios de comunicación, como lo dijo el titular de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, área considerada por primera vez en la ley.

    Hay otros temas fundamentales contemplados en esta nueva legislación, como la inclusión de contenidos nacionales en las transmisiones (60% en televisión abierta, 50% en radios privadas, 30% de música argentina), o la obligación de tener una barra de programas vinculada al Mercosur.

    Asimismo, y para favorecer el cine nacional, se establece por primera vez una cuota de pantalla, de acuerdo con la cual los canales de televisión abierta y de cable deberán exhibir de forma obligatoria y en estreno televisivo ocho películas nacionales por año. De cierta manera esto recuerda la legislación europea sobre la protección del espacio audiovisual.

    En otros artículos se regula el tiempo de transmisión de anuncios, y se preservan espacios para la presencia de más voces de la sociedad civil, incluyendo a los llamados “pueblos originarios” que podrán manejar radios AM y FM, así como señales de televisión abierta (quizá otro hubiera sido el destino de las locutoras triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, asesinadas en el estado de Oaxaca en 2008, si nuestra legislación las hubiera protegido).

    Como lo dice el periodista Washington Uranga: “Sin política pública de comunicación no habrá pluralidad, no tendremos diversidad, no existirán nuevos medios ni otras voces”, y entonces, ¿de qué democracia estaríamos hablando?

    Escritora



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