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Sandra Lorenzano

Muros contra los pobres



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    16 de junio de 2009

    Algunos opinan que es una forma de defender las “zonas verdes” y el equilibrio ambiental de Río de Janeiro. Claro, la causa ecológica (que no incluye la pena de muerte, como creen nuestros propios verdes) siempre resulta atractiva. Incluso hay quienes lo llaman “ecolímite”.

    Otros se oponen por considerarlo ejemplo de una brutal política de exclusión social.

    Hablamos, por supuesto, de los casi 15 kilómetros de muro que el gobierno carioca está construyendo alrededor de algunas de las favelas que hay en la ciudad de Río de Janeiro, y que recuerda otros muros de otros épocas o de otras latitudes, desde el de Berlín al del gueto de Varsovia, de nuestra frontera norte a la barda construida por Israel. Muros de la vergüenza, todos ellos.

    Sabemos que los muros protegen y dan seguridad a quienes “deben” disfrutarla; a los que tienen el dinero y el poder para disfrutarla. A “los que viven en el asfalto”, dicen los habitantes de las favelas de Río.

    El lado oscuro de la cidade maravilhosa muestra a más de un millón y medio de personas en condiciones de precariedad sanitaria, educativa, legal y de servicios. Así, quienes viven entre la violencia del narcotráfico enseñoreado en estos barrios marginales, y el gatillo fácil de la policía y de las “milicias” parapoliciales que se disputan el poder con los capos del narco, estarán ahora además encerrados detrás de las bardas “de inclusión”, como las ha definido el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes. Difícil imaginar cómo convertirán este proyecto de segregación en algo inclusivo.

    Los significados políticos, sociales y urbanos se entrecruzan en la discusión sobre la propuesta, aun cuando el gobierno haya aceptado modificarla en algunas zonas, bajando la altura del muro o transformándolo en fronteras menos agresivas que las hechas con concreto.

    Luisa, una habitante de La Rocinha (una de las mayores favelas, en la que viven alrededor de 100 mil personas), lo expresa claramente: “El muro no es para separar árboles, es para separar a los pobres”. La idea de excluir en lugar de crear políticas públicas de integración acentuará y reproducirá las desigualdades. Será, dice el antropólogo Roberto da Matta, la “sacralización de la desigualdad”.

    Sabemos que “los muros siempre son contra alguien” (frase del arquitecto Jorge Jáuregui, uno de los creadores del proyecto Favela Barrio) y por lo mismo muestran la imposibilidad de una sociedad de convivir con el “otro”, con el diferente.

    En el último festival de Cannes, la película No meu lugar, del carioca Eduardo Valente, puso el dedo en esta dolorosa y compleja llaga. A lo largo del filme, la violencia cotidiana no aparece con sangre y tiroteos, o con imágenes de la miseria, como pasaba con las descarnadas Cidade de Deus o Tropa de élite, por ejemplo. Sin embargo, ahí está, con sutileza, con sobriedad, asfixiándonos todo el tiempo. Muchas películas “evocan el acto violento, pero muy pocas sus consecuencias después en la vida pequeña, en el vivir diario de las personas: eso es lo que me interesa”, dice el cineasta.

    Al mismo tiempo que la obra de Valente se proyectaba en Francia, se conocieron los datos de la violencia ejercida por la policía de Río de Janeiro, que en 2008 mató a mil 137 personas —la mayor parte de ellos jóvenes negros— por supuestos actos de resistencia a la autoridad, o simplemente por “balas perdidas”.

    Vale la pena entrar a la página web de la Central Única de Favelas (CUFA), un organismo independiente y autogestivo que fue creado por propios jóvenes de los barrios marginales, y que ocupa ya un lugar importante en el diálogo político y social sobre este tema en todo Brasil.

    La gran pregunta que surge de todo esto, y que involucra no sólo a los brasileños, sino también a quienes vivimos en México, es qué sucede cuando el Estado se “retira” de sus funciones esenciales, cuando les deja el espacio libre a poderes paralelos basados en la ilegalidad, y de este modo condena a la desprotección a sus ciudadanos. Qué pasa frente a la desaparición del poder público y la aparición, en su lugar, de un “segundo estado” (o varios) que no se ajusta al marco legal y jurídico establecido. La corrupción y la irresponsabilidad de los gobiernos favorecen este proceso, como bien lo sabemos en este país.

    Para que no queden dudas, acabamos de verlo en el “accidente” de la guardería del IMSS en Hermosillo, o en las declaraciones de un candidato del PAN en Nuevo León, o en los cientos de crímenes de mujeres que continúan impunes en nuestra frontera norte. Las respuestas pasan de ser inexistentes a ser autoritarias y desproporcionadas. Frente a esto la solución no puede ser nunca el fortalecimiento de políticas excluyentes de las cuales la construcción de muros es sólo una muestra.

    Escritora



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