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Francisco Valdés Ugalde

El sentido de la regulación

Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México.

Sus actuales líneas de investigación son la teoría de las insti ...

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    29 de marzo de 2009

    Se dice fácil, pero el entorno mundial está cambiando rápidamente de un clima de supuesta “libertad” de mercado a otro en el que las regulaciones (siempre existentes) se hacen más evidentes y se vuelven imperiosas por la explosión de la burbuja de la economía de la irresponsabilidad.

    El Banco de México y la Secretaría de Hacienda reaccionan ya a este movimiento internacional metiendo reversa a su ortodoxia de breviario. El Congreso discute sobre regulaciones a los bancos en materia de tarifas y tasas de interés. El tema seguirá dando qué hablar en consonancia con un contexto en el que todos los organismos internacionales se preparan para una competencia de marcos regulatorios.

    ¿Cuál es el sentido de la regulación que se ejerce desde el Estado y la ley sobre las relaciones entre particulares? No hay otra respuesta que los derechos individuales, comunes a todos, que tienen que concebirse como bienes públicos. Este aspecto del problema es poco comprendido.

    Si cada uno de nosotros tiene el derecho a un trato justo en los intercambios privados cotidianos, sea con bancos, prestadores de bienes y servicios o autoridades de gobierno, la forma de hacerlo efectivo no es que cada quien lo asegure por cuenta propia, sino a través del Estado político, cuya justificación no puede ser otra que representar y resguardar ese derecho. Cuesta menos proceder así que dejar que cada quien se “haga justicia” por mano propia. Y el costo se reduce aún más si los agentes privados y la autoridad asumen en sus hábitos el respeto a ese derecho. Esta última opción sería la de un mundo ideal donde priva la restricción del exceso como responsabilidad propia. Pero la ley y los derechos que resguarda tienen que partir del supuesto contrario: que, en principio, habrá quienes no quieran restringirse por sí mismos, lo que obliga a garantizar externamente que lo hagan.

    “Menos es más”, dice el adagio. Los griegos de la antigüedad imponían mayores castigos a los ricos y poderosos que a los pobres y vulnerables por no participar en los asuntos públicos. Así, los primeros tenían menos libertad y los segundos más. Pero el resultado era que con esa restricción los ricos imponían sus prioridades a los pobres. En el Estado moderno, el principio de igualdad política disuelve la diferencia entre los ciudadanos en el establecimiento de lo público, pero la realidad de la vida en sociedad contradice constantemente ese principio con el choque entre intereses privados y públicos.

    La única forma de resolver esta divergencia es a través de la regulación, que puede ser de dos tipos: voluntaria y obligatoria. Si se combinan bien, el resultado es mejor; si se mezclan mal, el conflicto persiste.

    Ahí está el enigma central de la democracia: ¿puede el Estado democrático ser lo suficientemente representativo como para garantizar la regulación (y ampliación) de los derechos de cada quien instituyendo un sentido público de justicia?

    Con la sola acción de votar no lo consigue; se requiere de una combinación de calidad de la gobernanza y de conciencia ciudadana que resulte en regulación consensuada. Por eso, el Estado democrático debe ser pensado y practicado más allá de las fronteras de la quimérica “economía de mercado”. A fin de cuentas, libertad es responsabilidad, una ecuación olvidada por las clases dirigentes.

    ugalde@unam.mx

    Investigador del Instituto deInvestigaciones Sociales de la UNAM



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