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Mauricio Merino

Ahí vienen los caballos

Mauricio Merino es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito y coordinado varios libros y ensayos sobre ...

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    28 de enero de 2009

    Según la ley, el próximo sábado 31 de enero comenzarían las precampañas de los partidos. Pero no será así, porque la gran mayoría de las candidaturas se resolverá mediante procesos de selección más o menos cerrados. En general, no habrá precampañas. De modo que toda la parafernalia legal y mediática prevista para ensanchar la democracia interna de los partidos se habrá quedado, una vez más, como puro papel mojado.

    En cambio, los partidos comenzarán a utilizar los tiempos que se dieron en radio y televisión con otro propósito: el de iniciar el proselitismo que desembocará en las elecciones legislativas del mes de julio.

    Nos darán gato por liebre: en lugar de precandidatos compitiendo por ganarse un sitio en las boletas electorales, tendremos un minuto por cada hora de trasmisión (en todas las estaciones de radio y televisión) dedicado a escuchar y ver los mensajes “institucionales” de los partidos. En esos mensajes no deberían aparecer nombres ni caras de candidatos, porque se estaría vulnerando la ley. Pero los partidos aprovecharán cada segundo de ese tiempo mediático para anticipar su oferta política.

    La reforma electoral de 2007 fue diseñada con otra lógica. El concepto de precampañas fue incorporado al texto de la Constitución precisamente para evitar que los partidos hicieran campañas eternas pretextando la selección de sus candidatos, y también con el objetivo explícito de inyectar mayor democracia a su vida interna.

    ¿Para qué, si no, se abriría todo un capítulo del Cofipe titulado: “De los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas electorales”?

    En ese capítulo se norman, con todo detalle, la organización y la fiscalización de las precampañas; es decir, se regula algo que no ocurrirá. El párrafo 1 del artículo 212 dice, a la letra, que: “Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido”.

    Y en el párrafo siguiente, se dispone que habrá reuniones públicas, asambleas, marchas y otros actos “en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular”.

    En la práctica, los partidos le han dado la vuelta a esas normas, cuyo contenido carece ya de todo sentido, pues los dirigentes han preferido designar a la mayor parte de sus candidatos a través de acuerdos que, acaso, serán convalidados después mediante procedimientos formales.

    Y aunque pueda discutirse sobre la eficacia democrática de las elecciones internas que celebran los partidos para elegir candidatos, lo que es inobjetable es que el Estado les dotó de dinero y de medios para llevar a cabo un ejercicio que no harán.

    Entretanto, los ciudadanos tendremos 48 minutos diarios (entre dos y tres minutos por hora de trasmisión en cada estación de radio y televisión) para escuchar y ver la información que el IFE y los partidos tienen que darnos.

    En ella, quizá nos recuerden que la primera obligación de esas organizaciones (según el artículo 38 del Cofipe) es ajustar su conducta y la de sus militantes a los cauces legales y a los principios del Estado democrático. Y con mayor razón, si ellos mismos construyeron la legislación que prometió la mayor democracia interna para seleccionar candidatos. O quizá no lo hagan, pues alguien podría notar una cierta incongruencia.

    Profesor investigador del CIDE



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