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Javier Corral Jurado

Congreso de Comunicación Indígena

Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente. Miembro del Partido Acción Nacional. Directivo de la Asociación M ...

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    18 de noviembre de 2008

    El segundo Congreso Nacional de Comunicación Indígena, celebrado el 12 y 13 de noviembre en el DF, ha puesto de manifiesto las contradicciones del discurso oficial en distintos niveles de gobierno, pues por un lado se envuelve de gloria al reconocer el origen pluriétnico y pluricultural de la nación y, por el otro, no se atreve a dar un solo paso concreto para garantizar a los pueblos y comunidades indígenas su derecho a la comunicación. El indigenismo mexicano, que con el bicentenario del natalicio de Benito Juárez tuvo uno de sus mayores grados de excelsitud y apasionamiento, es una de las posturas más insinceras de la actual composición estatal.

    De ahí que la clase política tenga bien ganados varios de los reclamos, recomendaciones y exigencias que se asentaron en la declaratoria de conclusiones de este encuentro. Es una denuncia al atole con el dedo que desde el Congreso y el Ejecutivo se le sigue dando a las demandas sociales por un nuevo régimen jurídico de la comunicación, sobre todo en el caso que nos ocupa, al reconocimiento jurídico de la radiodifusión indígena y comunitaria.

    Se resalta el incumplimiento del Congreso de la Unión para legislar una nueva Ley Federal de Radio y Televisión, con base en la declaratoria de inconstitucionalidad que dictó la SCJN sobre varios artículos de la Ley Televisa; la omisión del Ejecutivo federal en cuanto a que ignoró a las radios comunitarias e indígenas en el acuerdo en el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias de banda de amplitud modulada (AM) a banda de frecuencia modulada (FM), los llamados “combos”; la persecución contra varias emisoras de carácter social en vías de regularización y la criminalización de esfuerzos radiofónicos ciudadanos como Frecuencia Libre 99.1, Radio Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León, Radio Ñomndaa La Palabra del Agua de Xochixtlahuaca, Guerrero, y Radio La Rabiosa de Huajuapan de León; así como la impunidad y el desdén con que se mantienen los asesinatos de las periodistas indígenas Triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, del antropólogo Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, impulsor de Radio Ñomndaa, y de los colaboradores de Radio Zaachila, entre ellos Melesio Melchor Ángeles y Jorge Aragón Martínez.

    Entre las exigencias que se reiteran están: una legislación concreta que haga realidad el mandato constitucional, contenido en el artículo segundo, para que el Estado garantice el ejercicio y pleno uso del derecho de los pueblos indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación e información para al fortalecimiento de sus culturas y lenguas, la afirmación de su identidad y el establecimiento de relaciones interculturales.

    Hace exactamente seis años, el Estado mexicano presumía al mundo la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas, y aunque de manera parcial, también el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. ¿Dónde están las leyes, los reglamentos, las políticas públicas, los actos administrativos que en congruencia con esas ideas constitucionales hagan al derecho no sólo positivo, sino vigente? Eso se llama hipocresía, y la ha puesto en evidencia el segundo Congreso Nacional de Comunicación Indígena.

    Profesor de la FCPyS de la UNAM



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