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Joel Simon y Carlos Lauría

De la voluntad a los hechos

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    20 de septiembre de 2008

    Con la participación de representantes de los medios, organizaciones que defienden la libertad de prensa, abogados y especialistas, la Cámara de Diputados comenzó el análisis de los lineamientos que se incluirían en un proyecto de ley para federalizar los delitos contra la libertad de expresión en México.

    El debate se produce en un contexto violencia creciente contra la prensa. En junio, frente a una delegación del Comité para al Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), el presidente Felipe Calderón comprometió su apoyo a la propuesta y anticipó el envío de un proyecto de ley al Congreso.

    En el encuentro se discutió la conveniencia de definir a quién se considera periodista. Para el CPJ, la ola de violencia que atraviesa México excede los límites del trabajo de la prensa y afecta a toda la sociedad. Es un problema más profundo que priva a los mexicanos de la posibilidad de comunicarse, de opinar libremente y coarta el derecho a la libre expresión.

    En este contexto todos los sectores sociales deben recibir protección federal para garantizar su libertad de expresión. Por ende, el proyecto debe ser amplio e incluyente para proteger los derechos de todas las personas. En cuanto al contenido de la ley, ya hay propuestas en el Congreso y consenso de que se debería incluir aquellos casos de uso de violencia o amenaza que intenten prevenir el derecho a la libertad de expresión.

    Otro punto que debe incluirse es la modificación de la fiscalía especial para delitos contra la prensa para dotarla de autoridades, facultades amplias y capacidad para actuar. Esta reorientación puede emanar de un acuerdo; no necesitaría aprobación del Congreso.

    Durante la misión del CPJ, el procurador Eduardo Medina Mora anticipó que la propuesta del Ejecutivo para federalización reformaría el artículo 73 de la Constitución para convertir en delito federal todo crimen que cause “alarma social”. Si bien reconocemos la voluntad del Presidente, el CPJ no coincide con el concepto de “alarma social” al entender que es impreciso y puede prestarse a interpretaciones que en lugar de proteger la libertad de expresión terminen perjudicándola.

    Medios, organizaciones y expertos coinciden en la necesidad de dotar a México de una estructura legal apropiada que proteja la libertad de expresarse. Ejecutivo y Congreso también han expresado su compromiso. Pero el voluntarismo es insuficiente si no se traduce en respuestas concretas. La violencia no da tregua y los mexicanos esperan que sus gobernantes cumplan con su responsabilidad. No hay más tiempo que perder.

    Simon es director ejecutivo del CPJ; Lauría es coordinador senior del programa de las Américas



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    Editorial EL UNIVERSAL Un Hoy No Circula más justo


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