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Jorge Luis Sierra

El poder de los comandantes

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    23 de agosto de 2008

    Hace unas semanas una rotación de mandos militares en cuatro estados de la República ocurrió en medio de una crisis de confianza entre civiles y militares, provocada por los señalamientos del comandante de la II Región Militar sobre indicios de corrupción en la Procuraduría General de Justicia de Baja California. El mando cambió, pero no las circunstancias.

    Ese conflicto alcanzó un momento crítico en abril pasado cuando el general de división Sergio Aponte Polito, entonces jefe de esa región militar, detalló en una carta la presunta corrupción que imperaba entre colaboradores del procurador estatal Rommel Moreno.

    La percepción de que el reemplazo de mando en la región militar era el desenlace de esa crisis pudo haber sido alimentada por el propio general Aponte, pues él relató a los medios que sería transferido a la ciudad de México como presidente del Supremo Tribunal Militar, un día antes de que la Secretaría de la Defensa Nacional anunciara públicamente la rotación de sus mandos.

    El conflicto entre las autoridades civiles y militares podría seguir latente en Baja California, pues la rotación de mandos castrenses no implica necesariamente un cambio en la política ni la estrategia de la Sedena. La rotación ocurrió en cuatro entidades que son importantes en la estrategia militarizada que sigue el gobierno federal para enfrentar al narcotráfico y la insurgencia armada: Baja California, Guerrero, Veracruz y Chiapas.

    El poder de los 12 jefes de región militar que hay en el país sufrió un incremento desde que el Ejército descentralizó las decisiones en las áreas de entrenamiento, administración, logística y operaciones. Esta doctrina que forma parte del proceso de modernización militar desde 1994 ha permitido que los comandantes de región definan las formas específicas de aplicar en su jurisdicción las directivas del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

    Además de la descentralización, el poder de los mandos regionales fue fortalecido con el aumento de zonas y tropas en el país. La Sedena tiene ya 45 zonas militares, ocho más que en 1994, y cuenta con casi 200 mil efectivos, un incremento de 20% respecto a ese año marcado por el alzamiento armado en Chiapas.

    Este fenómeno afecta las relaciones de los comandantes de región con los gobiernos locales. Mientras las Fuerzas Armadas aumentan su autonomía operativa como parte de su propio plan de desarrollo y modernización, las instituciones de procuración de justicia permanecen anquilosadas por la corrupción y la ineficacia.

    Este desequilibrio entre el desarrollo de las instituciones militares y civiles no es una buena noticia para un país que quiere consolidar sus formas democráticas de gobierno. Cuando los militares empiezan a manifestarles a los civiles que en sus instituciones hay más honestidad, más eficacia y más profesionalismo, algo anda mal. El costo de no resolver esa contradicción puede llevarnos al retroceso y al autoritarismo.

    jlsierra@hotmail.com

    Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas



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