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Rodolfo Echeverría Ruiz

Jalisco: impune asesinato del Estado laico

Ex presidente de la Fundación Colosio A.C. Fue diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LVIII Legislatura y se ...

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    25 de abril de 2008

    Acosado y acusado como está por todos los flancos gracias a su incompetencia congénita y a su temerario desdén hacia la experiencia y el oficio políticos, víctima de los resentimientos incandescentes sedimentados en lo hondo de su alma reaccionaria, el gobierno federal panista finge no advertir la gravedad de las flagrantes violaciones constitucionales perpetradas con ostentosa osadía por el inefable gobernador de Jalisco.

    Con dineros provenientes de las arcas oficiales —¡90 millones de pesos!— el Ejecutivo local decidió entregar (en calidad de megalimosna piadosa) al obispo guadalajareño (corazón de lis, alma de querube, lengua celestial: el mínimo y dulce Sandoval), un “donativo” literalmente consagrado a la rencorosa Fundación Proconstrucción del Santuario de los Mártires Cristeros. La legislatura estatal está obligada a impedirlo.

    Se trata de una enconada revancha —financiada por el ya malversado erario jalisciense— atentatoria de nuestro proceso de reconciliación histórica. Y ello en el seno de una región en donde con extrema virulencia se produjo, durante la segunda década del siglo XX, el alzamiento clerical armado en contra de las leyes y de las instituciones de la República.

    Emilio González, gobernador panista de aquella entidad, manipula, para convertir en realidad sus aviesos e ilegales propósitos —debe aplicársele la ley sin contemplaciones— cuantiosos recursos oriundos del erario. Con semejante acción transgresora de la normativa republicana viola, con deliberado cinismo desafiante, los principios rectores de la sociedad democrática (entre ellos el del laicismo) y reabre las profundas heridas que las leyes y el transcurso del tiempo habían cicatrizado entre los mexicanos de aquella región entrañable.

    La Secretaría de Gobernación, teórica responsable de vigilar y garantizar la rigurosa observancia de las disposiciones legales en la materia, ha demostrado, de manera reiterada, su omisión cómplice —iba a escribir: beneplácito— ante el peligroso desafío político urdido por el gobernador de Jalisco.

    Esa secretaría federal no ha dicho una sola palabra ni ha movido un solo dedo dirigido a impedir tamañas violaciones del orden constitucional. Ya lo sabemos: desde hace casi una década la mencionada dependencia ha padecido —y padece— trágica acefalía. Sus titulares más recientes arribaron a la alta oficina ayunos de conocimiento histórico mexicano y se han manifestado altivos desconocedores de las facultades y de los deberes constitucionales del Estado en esa y otras materias conectadas, de manera íntima, con la salud de la convivencia ciudadana.

    En 2009 se ajustarán 150 años de la expedición de las Leyes de Reforma, verdadera acta de nacimiento del Estado moderno en México. El PRI ha incluido en su programa de conmemoraciones —al lado de las relativas al bicentenario de la Independencia y a las propias del centenario de la Revolución— el tema de la imprescindible vigencia de la reforma juarista.

    Se trata de analizar y debatir, con mirada de actualidad y de futuro, la situación de las leyes rectoras de la separación del Estado y las iglesias, y la supremacía del primero sobre las confesiones religiosas.

    Se trata, en fin, de reflexionar con madurez ciudadana en torno de las Leyes de Reforma y de ponderar en qué medida su cínica, actual inobservancia mistifica y anula las posibilidades de nuestra hoy incompleta democracia.

    Analista político



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