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Jorge Luis Sierra

Fuerza militar contra los migrantes



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    11 de abril de 2008

    Las imágenes de un integrante de la Armada de México golpeando con un bastón a un centroamericano indocumentado, inerme y probablemente menor de edad, y otros infantes de Marina persiguiendo a más migrantes en las costas de Oaxaca, deben ser una razón suficiente para que el gobierno y la sociedad actúen juntos e impidan que el uso y abuso de la fuerza militar comience a ser algo normal en la vida cotidiana del país.

    El incidente quedó plasmado en una serie de fotografías que documentaron cómo esos elementos de la Armada detuvieron y persiguieron a migrantes centroamericanos que llegaban en un tren de carga procedente de Arriaga, Chiapas, a la comunidad de Las Palmas, en el municipio de Santiago Niltepec, en la costa oaxaqueña, en pleno istmo de Tehuantepec.

    Según los diarios del país, Irineo Mújica Arzate, un fotógrafo mexicano residente en Estados Unidos, viajaba en el mismo tren con decenas de indocumentados. Eso podría explicar la existencia inusual de imágenes de los operativos del Ejército o de la Armada de México en contra de indocumentados.

    En los testimonios recogidos por Mújica y por integrantes de la Casa del Migrante en Ciudad Ixtepec, después de golpear a los migrantes los soldados habrían entrado por la fuerza en las casas de Las Palmas en búsqueda de más indocumentados. Los testimonios arrojan la versión de al menos una mujer violada ese lunes 31 de marzo.

    Los ejércitos, en cualquier parte del mundo, tratan de controlar la presencia de periodistas y observadores independientes en sus operaciones porque éstas representan un riesgo para personas sin entrenamiento militar y porque, además, la difusión abierta de sus detalles podría comprometer la seguridad de los propios soldados.

    Sin embargo, esas restricciones, que son típicas en operaciones de combate que implican el uso de armas de guerra, no tendrían la misma justificación en operaciones no bélicas como las del apoyo militar a la autoridad civil. El único riesgo existente en casos como el de Las Palmas es que los periodistas revelen la clase de abusos que los soldados cometen contra la población civil y que el prestigio de la institución militar resulte comprometido.

    A no ser que su papel sea el de proteger a los migrantes de la actividad de bandas de asaltantes, pandillas, maras y policías corruptos, los infantes de Marina, entrenados principalmente para operaciones de guerra regular e irregular, no deberían participar en el cumplimento de funciones de control migratorio.

    No es esta la primera vez que surgen denuncias similares. Los primeros reportes sobre el abuso de personal militar contra inmigrantes en Las Palmas surgieron desde mediados de enero. La actuación abusiva de ese agrupamiento, que forma parte de alguno de los 31 batallones de Infantería de Marina que activó hace menos de un año el almirante secretario Francisco Saynez Mendoza, parece ser más sistemática que un caso individual y aislado.

    La Secretaría de Marina, en un comunicado conjunto con el Instituto Nacional de Migración, negó “categóricamente” tener conocimiento formal de algún tipo de violación a los derechos humanos e informó que había empezado su propia investigación.

    Sin embargo, aunque los soldados individuales que fueron fotografiados golpeando a indocumentados podrían recibir alguna sanción disciplinaria, es indispensable que la investigación incluya el comportamiento y las responsabilidades de la cadena de mando y aporte elementos para revisar la política actual de convertir a los infantes de Marina en policías marítimos.

    Con la intención expresa de contribuir a alcanzar los objetivos en materia de seguridad del gobierno del presidente Felipe Calderón, el almirante Saynez reorganizó en mayo de 2007 a la Infantería de Marina, creó nuevos batallones y fortaleció la presencia de personal naval en la franja costera del país en funciones, literalmente, de “policía marítima”.

    En lugar de dirigir su desarrollo hacia la creación de un poder naval suficiente para garantizar la defensa externa del país, la Armada de México proyecta su fuerza disponible hacia dentro del país, con la doctrina de “coadyuvar en la seguridad interior”, “mantener el estado de derecho” y “proteger los intereses del país”. Con esa doctrina, la Secretaría de Marina ha incluido en el uso del poder naval a una variedad de actividades prácticamente ilimitada, entre ellas el combate al tráfico ilegal de personas.

    Casos como el de Las Palmas podrían multiplicarse ahora con el reforzamiento de la presencia militar en la frontera, luego del incidente de Zacapa, Guatemala, el 25 de marzo, donde ocurrió un enfrentamiento de sicarios mexicanos y guatemaltecos supuestamente asociados con los cárteles del Golfo y de Sinaloa.

    Durante una reunión binacional reciente de comandantes militares de las zonas fronterizas de México y Guatemala, nuestro país ofreció movilizar a 10 mil elementos de tropa para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas e indocumentados y, también, para combatir a los grupos armados que actúan en la zona fronteriza, según reportó hace unos días el diario Siglo XXI, de ese país centroamericano. Guatemala movilizará a mil 500 efectivos en la zona fronteriza.

    Es probable entonces que veamos un incremento pronunciado de las operaciones militares en el sur del país, junto con el que ahora vemos en el norte, principalmente en Chihuahua, Tamaulipas y Baja California.

    Los inmigrantes indocumentados de Centroamérica tendrían ahora que atravesar varias fronteras saturadas de efectivos militares. En el contexto de más y más tareas que sólo deberían corresponder a la autoridad civil, los militares mexicanos no están cumpliendo con las exigencias en materia de derechos humanos que imponen sus propios reglamentos y las leyes del país.

    jlsierra@hotmail.com

    Especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas



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