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Ricardo Raphael

La acción penal como eje

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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    29 de octubre de 2007

    Durante el transcurso del año que está a poco de concluir, el debate sobre la reforma judicial ha ido ganando terreno en el espacio público mexicano. Hoy se tiene conciencia de que ésta es fundamental para consolidar al Estado democrático de derecho y también para mejorar las condiciones del crecimiento de nuestra economía.

    Una vez abordados los temas fiscal y electoral, esta cuestión está llamada a ocupar el centro de las discusiones legislativas. Sin embargo, a diferencia de esos otros temas, los referentes para abordar a la reforma judicial se encuentran dispersos y deshilvanados.

    Mientras el gobierno de la República ha centrado sus preocupaciones en mejorar la capacidad de las policías y los legisladores en otorgarle independencia a las procuradurías, las organizaciones de la sociedad civil insisten en que los derechos humanos deberían ser la cuestión central. Por su parte, el Poder Judicial afirma que lo más relevante es otorgarles abundantes recursos económicos a los jueces para que éstos puedan desempeñar correctamente sus tareas.

    En los hechos, la reforma judicial está compuesta por demasiados temas y ninguno pareciera subordinarse al resto. Esto hace que el debate en cuestión se presente ante la opinión pública de manera desordenada.

    Pareciera rompecabezas cuyas piezas no encuentran una armonía adecuada. Y la razón suele funcionar mal cuando se le apresura a hacerse cargo, sin distingo, de todos los problemas. Por ello es que en materia de reformas, no es buena cosa que todo parezca urgente. De ahí que, con respecto al tema judicial, debería precisarse una coordenada principal desde la cual se organizara al resto de los temas. Sólo así la inteligencia será buena consejera para resolver la encrucijada.

    Cuando en México comenzó a hablarse de la transición democrática, ocurrió un desorden similar con las expectativas de la reforma política: unos querían que el PRI dejara de ser el partido hegemónico, otros que la democracia igualara la riqueza entre los ricos y los pobres, unos más que las libertades estuvieran aseguradas, otros que la autoridad electoral dejara de depender del Poder Ejecutivo.

    Sin embargo, con el paso del tiempo, sucedió un consenso a propósito del núcleo atómico a partir del cual debían orquestarse los esfuerzos de la democratización: el sufragio de los ciudadanos.

    Si las autoridades electorales debían ciudadanizarse, si los recursos para las campañas debían ser equitativos, si los medios de comunicación habrían de cubrir por igual a todas las opciones políticas, si el padrón debía ser confiable, si era deseable que otros partidos distintos al PRI se desarrollaran, si los procesos tenían que ser legales y transparentes, en fin, si todo el conjunto de reformas tenía algún sentido, éste sería para lograr que el voto de cada ciudadano fuera respetado.

    Gracias a la voluntad por ordenar la agenda fue que luego pudieron construirse los consensos. Una vez que en el voto quedó como el epicentro de las reformas políticas, el resto de los temas comenzó a encajar adecuadamente.

    Algo similar a aquella experiencia sería sano que se hiciera en materia de justicia: establecer un núcleo atómico a partir del cual se disponga al conjunto de la reforma. Un eje a partir del cual se orqueste la transformación de las policías, del Ministerio Público, de las procuradurías, del sistema judicial y también de los aparatos de inteligencia.

    Tengo para mí que ese centro nuclear debería ser la Acción Penal del Estado. Se trata de la única coordenada donde concurren la mayoría de los procesos relacionados con la seguridad y la justicia, y también las actividades de las diversas instituciones involucradas con estas materias.

    Si se revisa con atención, la acción penal es el mecanismo por medio del cual se detona la obtención de la justicia: la policía reúne la información acusatoria, el Ministerio Público determina si existe responsabilidad legal en contra de los indiciados, los derechos —tanto de la víctima como del supuesto delincuente— son defendidos, y el juzgador formaliza el proceso a través del cual se modelarán los argumentos judiciales.

    Desde esta perspectiva, si la acción penal ocurre conforme a derecho, si se encuentra bien fundamentada gracias a la investigación, si está convenientemente integrada, si atiende los principios y las normas del régimen democrático de derecho, y si es pertinentemente atendida por el juez, la probabilidad de que se haga justicia es muy elevada.

    En sentido inverso, si la acción penal es deficitaria —por la negligencia de cualquiera de las autoridades que se relacionan con su conveniente consecución— no habrá justicia. Y por tanto, los miembros de la sociedad relacionados con el delito permanecerán en estado de indefensión.

    Una acción penal convenientemente conducida asegura legalidad y a la vez seguridad. Hace que las autoridades actúen de acuerdo con los principios democráticos y al mismo tiempo que el imperio de la ley se imponga sin ambigüedades. Provoca que los derechos humanos y las políticas de seguridad sean armónicamente compatibles.

    La evaluación sobre la calidad de la acción penal sirve para medir el trabajo del policía. Gracias a ella comienzan a ser observados los elementos probatorios que las investigaciones policiacas aportaron a la acusación. Y en paralelo pierde importancia el número de delincuentes consignados ante el Ministerio Público, parámetro utilizado en la actualidad para calificar el desempeño de los agentes del orden.

    De igual manera, la calidad de la acción penal ayuda a determinar la actuación de los ministerios públicos, en tanto que garantes de los derechos constitucionales y también de los estándares que las autoridades deben respetar para llevar a cabo sus tareas operativas. A su vez, una acción penal correctamente estructurada coadyuva notablemente a la justa impartición de sentencias a cargo de los jueces.

    Por todas estas razones, la reforma judicial que actualmente se está discutiendo en el Poder Legislativo mexicano debería tener como centro nuclear a la acción penal del Ministerio Público mexicano. Todo lo que la fortalezca legalmente, la vuelva más eficaz, le dote de mejores certidumbres y le coloque en el marco del Estado democrático, terminará redundando en otorgar a la sociedad mexicana un régimen legal de justicia y un virtuoso contexto social de seguridad pública.

    Analista político



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