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Ricardo Raphael

Calderón y la educación

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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    22 de octubre de 2007

    En “El hijo desobediente”, Felipe Calderón Hinojosa escribió que estaba preparado para elegir sus prioridades: “Dentro de los múltiples frentes que hay ante un presidente, es imprescindible elegir las batallas y la secuencia de acción. No es siquiera coherente pretender actuar simultáneamente en todos los frentes.”

    Esta racionalidad pareciera adecuada. Jerarquizar según su importancia, a cada expediente público, y no distraer energías enfrentando todo al mismo tiempo, es lo que la cabeza ordenada de un buen gobernante necesita.

    Con todo, para que ese gobernante actúe conforme a las instituciones democráticas, no es sólo su criterio personalísimo el que debe decidir qué prioridad va primero y cuál le sigue después. De lo contrario, se estaría en presencia de un político autoritario.

    Si mal no recuerdo, Felipe Calderón sometió a votación su candidatura colocando al tema del empleo como el más relevante. Ocurrió así, después de que sus anteriores mensajes como aspirante presidencial no funcionaran.

    A partir de ese momento, su candidatura presidencial comenzó a experimentar un ascenso en las preferencias de los electores. Por este antecedente es que puede afirmarse que, aquel 2 de julio de 2006, los mexicanos no sólo eligieron a Calderón Hinojosa como presidente de la República, sino también a la promesa que este panista hizo para resolver el problema del empleo.

    Es una paradoja que, hasta hoy, este tema no haya tomado el lugar de su prioridad más relevante. Así puede constatarse a menos de cuarenta días de que se cumpla el primer año de su mandato. En su mencionada secuencia de acción, el expediente del empleo ha quedado más bien relegado. En su lugar fue colocado el de la lucha contra el crimen organizado.

    Quizá Calderón Hinojosa, una vez sentado en la silla presidencial, descubrió que la cuestión del empleo no era tan prioritaria como sus conciudadanos se lo hicieron saber en aquellas elecciones. Y algo tendría de razón si se asume que en México hay una oferta abundante de plazas de trabajo.

    Pero esta suposición es incorrecta. No es más cantidad de empleos lo que el país está necesitando, sino una mejor calidad en el salario y las prestaciones. Obtener en México un lugar donde laborar es bastante fácil, lo complicado es conseguir una oportunidad digna y bien pagada.

    Y tal cosa no sólo depende de crear un sistema de becas para que los más jóvenes se incorporen al mundo laboral —única política específica en esta materia que el actual gobierno ha emprendido— sino de invertir todos los recursos y las energías en posesión del Estado para hacer que la población cuente con los conocimientos y las herramientas para acceder a los puestos laborales mejor retribuidos.

    Colocadas así las cosas, la única política que realmente sirve para elevar la calidad en el empleo es la educativa. No hay país que haya logrado destacar en Asia, Europa o América del Norte que no haya hecho de la educación su principal herramienta para el desarrollo de su gente.

    Con todo, la actual administración se ha negado a ver así las cosas. Por estar ocupado con los narcotraficantes, el jefe del Ejecutivo mexicano ha dejado de lado el hecho de que el 80 % de los planteles educativos en el país estén en condiciones físicas que van de lo regular a lo catastrófico.

    Dos de cada diez menores acuden a centros escolares que no cuentan con agua corriente. Tres de cada diez establecimientos no tienen luz eléctrica. Cinco de cada diez colegios no cuentan con espacios donde alojar a sus áreas administrativas. Seis de cada diez niños asisten a clases en instalaciones que no tienen drenaje. Siete de cada diez alumnos van a una escuela que no posee instalaciones deportivas. Ocho de cada diez planteles no están conectados a una línea telefónica. Nueve de cada diez colegios no tienen un fax. Nueve de cada diez centros académicos no poseen talleres, ni laboratorios.

    Algo igual de lamentable ocurre con la calidad de los conocimientos que adquieren cotidianamente los niños mexicanos en el sistema educativo: el 97% de los estudiantes tienen una nota inferior a 6.6 sobre diez en matemáticas y el 99% no logra alcanzar una calificación superior a 8 en letras. Según datos internacionales, los niveles de la educación que se imparte en México están por debajo de Ghana, Kenia Uganda y Zimbabwe.

    No sorprende en este contexto que ocho de cada 10 padres de familia mexicanos no valoren a la educación como un instrumento que vaya a servirle a sus hijos para conseguirles mejores oportunidades laborales.

    Contrastan estos datos alarmantes con el crecimiento en el gasto educativo que ha experimentado nuestro país durante los últimos veinte años. La inversión se triplicó durante el periodo.

    ¿Cómo explicar que el robustecimiento presupuestal no haya impactado en los niveles de enseñanza? Pues resulta que todo ese incremento ha servido para financiar, casi exclusivamente, los sueldos y las prestaciones de los docentes. Es escandaloso que, estando devastada la planta física y la calidad educativa, 93% de esos recursos públicos se destinen al gasto corriente.

    Y todavía lo es más que la administración actual se haya comprometido a entregar 150 mil millones de pesos suplementarios para el pago de sobresueldos de los docentes. La misma cifra que obtendrá la SHCP gracias a los nuevos impuestos recientemente aprobados por el Congreso de la Unión.

    Demostrado está, sin embargo, que subir el ingreso de los maestros no redunda en una mejor calidad del sistema educativo mexicano. En realidad, los indicadores están señalando que ocurre lo contrario. Los líderes del SNTE han sabido cómo obtener beneficios para sus agremiados sin ofrecer nada a cambio.

    Justo cuando se cumpla el primer año de gobierno de Felipe Calderón, la OCDE entregará los resultados del informe PISA, correspondientes al año 2007. Lo más probable es que éstos evidencien que el desastre educativo mexicano sigue empeorando.

    Quizá sea hasta ese momento que la Presidencia de la República se decida a modificar el orden de sus prioridades. Si Calderón lo hizo a la mitad de su campaña, ¿por qué no podría hacerlo antes de llegar a la mitad de su mandato presidencial?

    Analista político



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