aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Alejandro Juárez Zepeda

La guerra sucia, en la CIDH

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





EDITORIALES ANTERIORES


    08 de septiembre de 2007

    Por primera vez se abre la puerta para que un caso de guerra sucia mexicano se presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, con ello, se hagan públicas las pruebas, peritajes históricos y de afectación sicosocial de un crimen de este tipo desde una tribuna internacional ajena a los controles del Estado mexicano.

    Por los elementos que lo constituyen, este caso es paradigmático de los 470 registrados sólo en Atoyac de Álvarez, el municipio con el mayor número de desapariciones forzadas del país. Varias fuentes señalan que hubo 600 desaparecidos en Guerrero y más de mil 200 en todo México durante los 60 y 70.

    La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH), inició el pasado jueves 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, la campaña por el esclarecimiento histórico y justicia a las víctimas de la guerra sucia de los años 70 en México.

    En días pasados, la CIDH emitió la resolución final (informe de fondo) sobre el caso de Rosendo Radilla, un líder comunitario guerrerense desaparecido en 1974 cuando viajaba a bordo de un autobús de pasajeros en el trayecto de Atoyac de Álvarez a Chilpancingo. El documento establece una serie de obligaciones para el gobierno mexicano que deberán cumplirse a más tardar el 15 de octubre del presente año. Como en la mayoría de los informes de este tipo, la responsabilidad del Estado en las violaciones que aborda se encuentra plenamente acreditada.

    Pese al intento por ocultarlo, México no fue ajeno al terrorismo de Estado y políticas contrainsurgentes de Latinoamérica en los 60 y 70. Se efectuó una violación sistemática a los derechos humanos en donde fueron continuas las intervenciones de cuerpos militares, paramilitares y de seguridad pública para aniquilar los movimientos sociales a través del secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de sus miembros.

    El Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos puede conocer sobre las violaciones de los estados a los derechos y libertades consagradas en diversos tratados internacionales, como la Convención Americana de 1969 (ratificada por nuestro país en 1981) y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en vigor desde 1996 y signada por México en 2001. Dichas violaciones tienen su origen en fallas estructurales del sistema doméstico normativo e institucional que impiden a las víctimas un acceso pleno y efectivo a la justicia en el plano nacional. Por ende, el trámite sólo puede tener lugar cuando se demuestra que las instancias nacionales han fallado.

    El hecho de que la CIDH haya emitido un informe de fondo en este caso implica ya la acreditación de una práctica violatoria por parte del Estado y la última oportunidad que la comunidad internacional le brinda a éste para que de buena fe repare las violaciones que han resultado de los hechos denunciados en contraposición con sus obligaciones internacionales. En cambio, las sentencias condenatorias que emite la CIDH tienen por objeto la conminación legal para que se investigue, sancione y haga la reparación integral del daño a nivel personal y social, así como garantizar la no repetición de los hechos.

    El probable litigio del caso Radilla ante la CIDH es de suma trascendencia pues supone que las más de 600 familias afectadas en Atoyac de Álvarez por hechos de la guerra sucia puedan encontrar justicia para sus respectivos casos. Además, permitiría el reconocimiento oficial de responsabilidad en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad, evidenciando el patrón de violencia desde las instituciones, y evitaría la repetición de situaciones semejantes mediante la transformación de las estructuras normativas e instituciones en donde se originaron las violaciones y perpetuaron su impunidad.

    Entre los objetivos de transformación estructural del sistema mexicano de justicia que la defensa del caso se propone alcanzar destacan: exigir la tipificación del delito de desaparición forzada de personas de acuerdo con los elementos descritos por la Convención Interamericana; eliminar la prescripción de los delitos contra la humanidad; retirar la reserva y declaración interpretativa interpuestas por el Estado mexicano a la Convención sobre Desaparición Forzada al momento de ratificarla, por contravenir el objeto y fin de dicho tratado; reformar la Ley de Amparo para que ésta se convierta en un recurso idóneo en casos de desaparición forzada; crear una Ley General de Reparación del Daño; y, de manera muy señalada, erradicar la jurisdicción militar de modo que se restrinja a conocer únicamente las faltas concernientes a la disciplina militar.

    Estas acciones se inscriben en una lucha más amplia por la construcción de un auténtico estado de derecho en México, en el cual prive el respeto y garantía de los derechos humanos como eje rector de todas las políticas gubernamentales. Un verdadero régimen democrático exige el esclarecimiento de los crímenes pasados, la justicia y la verdad histórica en el entendido de que conocer la verdad tiene un carácter social indispensable para garantizar la gobernabilidad en una sociedad democrática, a través de la confianza que las instituciones y sus titulares construyen para bien de los gobernados y del propio Estado.

    Director de Comunicación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC



    EDITORIAL ANTERIOR
    Editorial EL UNIVERSAL Un Hoy No Circula más justo


    PUBLICIDAD.