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Ricardo Raphael

La reforma Carstens

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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    25 de junio de 2007

    Hay ocasiones en que da gusto equivocarse. La semana pasada escribí en estas páginas que la iniciativa de reforma fiscal que presentaría el secretario Agustín Carstens difícilmente iba a ser consonante con los retos a los que actualmente está enfrentada la hacienda pública mexicana.

    Cargado de pesimismo supuse que, en la propuesta de la SHCP, no se tocarían los intereses de los empresarios, los financieros o los inversionistas, y que por tanto, las reglas del juego que en nuestro país toleran y promueven la elusión y la evasión fiscales permanecerían intactas.

    Felizmente cometí un error: entre otras cosas, la iniciativa Carstens se concentró precisamente en esta coordenada. Tanto la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), como la Ley del Impuesto Contra la Informalidad (LICI), son dos herramientas que podrían modificar dramáticamente las condiciones de la fiscalidad mexicana.

    Mientras el CETU busca combatir la elusión, la LICI se avoca a luchar contra la evasión impositiva.

    En el presente, un buen número de grandes contribuyentes tienen experiencia en esquivar el pago de sus impuestos gracias a que utilizan las grietas y rendijas de la legislación hacendaria. Fundamentalmente, a través del sistema de consolidación fiscal minimizan una gran parte de sus responsabilidades.

    Por otra parte, muchos son los actores económicos que han logrado mantenerse fuera del radar del sistema tributario mexicano gracias a que se ocultan tras la informalidad. Se trata de incontables magos que saben hacerse invisibles para que sus ganancias queden exentas de toda contribución.

    Comenzando por el primer tema es necesario advertir que un tramo importante de la elusión fiscal pasa por el régimen de consolidación. Éste consiste en lo siguiente: los empresarios importantes suelen poseer una gran sociedad que, a su vez, es propietaria de varias otras compañías. Por poner un ejemplo conocido, Carlos Slim Helú es dueño de Grupo Carso que, a su vez, es la titular de las acciones de otras empresas tales como Telmex, Nortel o América Móvil (Telcel).

    En el sistema tributario mexicano hoy se permite que, a la hora de pagar impuestos, la compañía principal consolide las pérdidas y las ganancias de todas las empresas secundarias. Tal situación hace que las ganancias obtenidas por unas compañías se reduzcan, gracias a las pérdidas generadas por las otras.

    Es así como las grandes sociedades suelen disminuir de manera importante los impuestos que pagan: cancelan las ganancias de las empresas que mayores ingresos les producen, con las pérdidas de otras compañías diseñadas para mantener muy altos los gastos.

    Lo más grave es que con el régimen de consolidación, la SHCP no cuenta con herramientas suficientes para conocer el verdadero estado de cada una de las empresas que -en lo individual- están incorporadas en la contabilidad de la sociedad matriz.

    Lo que el CETU haría, en caso de ser aprobado, es ofrecerle a la autoridad hacendaria información clara y precisa sobre la aportación que cada sociedad hace individualmente al proceso de producción. Y todavía más, en caso de que los empresarios utilicen el régimen de consolidación para eludir el impuesto sobre la renta (ISR), la SHCP se dotaría de un mecanismo eficaz para cobrarles una contribución suplementaria, con el objeto de compensar las deficiencias provocadas por el sistema de consolidación.

    Es necesario aclarar aquí que, el CETU, ayudaría a lograr que se pague correctamente el ISR de las grandes empresas, y por tanto, no puede verse como una carga impositiva suplementaria para las compañías. En los hechos, no afectaría a la inversión, ni tampoco a la generación de empleos. Se trata de un mecanismo para reducir la elusión de un impuesto que, según la legislación vigente, ya debería estarse pagando -y que los grandes empresarios suelen evitar por medio de sus artimañas contables.

    El otro gran tema abordado por esta reforma es el del impuesto a la informalidad. ¿Cuántos son los constructores, arquitectos, médicos o comerciantes que acostumbran pagar o cobrar sus productos y servicios en efectivo para evadir el pago de sus impuestos? Sin duda representan una amplia mayoría, y todos ellos viven al amparo de la invisibilidad tributaria.

    La LICI incorpora una serie de medidas para gravar a los informales que ingresan más de 20 mil pesos mensuales y que utilizan el sistema financiero mexicano. (Todos aquellos que viven de la economía informal, y que tienen un ingreso mensual menor a este monto, por lo pronto se salvaron de ser incluidos en este paquete).

    Esta iniciativa de ley busca gravar a las personas que obtienen grandes volúmenes de dinero en efectivo gracias a su actividad y que luego les depositan en sus cuentas de banco sin tener que rendirle cuentas a nadie. Se trata, entre tantos otros ejemplos, de los distribuidores de perecederos, de los mayoristas en la venta de materiales, o de los transportistas.

    Esta iniciativa está bien diseñada porque, de ser autorizada, terminará convenciendo a tales sujetos de que se vuelvan visibles ante Hacienda. Con tal de no tener que pagar el 2 por ciento por todos los depósitos bancarios que hagan (cuya suma rebase los 20 mil pesos) preferirán materializarse ante el Registro Federal de Contribuyentes.

    Cabe destacar que tales depósitos no siempre tienen que ver con las ganancias, sino con la operación completa de los negocios. Esto quiere decir que el impuesto a pagar por permanecer en la informalidad se volvería insufriblemente elevado.

    El remedio también es bueno porque estos evasores no pueden vivir fuera del sistema financiero regulado por las autoridades: dejarían de contar con chequeras, tarjetas de débito, créditos, compra-venta diferida de facturas, transacciones en línea y todo un largo etcétera de servicios que son fundamentales para el desarrollo de sus negocios.

    Como se puede observar, la magnitud de estas dos medidas propuestas (CETU y LICI) es de enormes proporciones. De aceptarse por los legisladores, ayudarán seriamente a transformar la estructura impositiva del Estado mexicano.

    No obstante lo anterior -de vuelta al pesimismo de la semana pasada- cabe preguntarse: a partir de la iniciativa de la SHCP ¿los partidos y sus representantes serán lo suficientemente hábiles para esquivar las presiones que los empresarios organizados emprenderán cuando la iniciativa Carstens se discuta en el Congreso mexicano?

    Analista político



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