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Jesús Martín del Campo

Justicia negada, a 36 años

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    11 de junio de 2007

    Durante los primeros meses de 1971 se gestó en las instituciones educativas del Distrito Federal un movimiento estudiantil en solidaridad con los universitarios de Nuevo León, entidad donde el gobierno federal maniobró para imponerles una ley orgánica que significaba un retroceso para la vida universitaria. La inconformidad del estudiantado de aquella institución desbordó el marco local ante la falta de dialogo y las amenazas de represión por parte de los gobiernos federal y local.

    Es entonces que se pronuncian en solidaridad con aquel movimiento los Comités de Lucha de la mayor parte de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional y de Universidad Nacional Autónoma de México, lo mismo que los de la escuelas Nacional de Maestros, la Normal Superior y de Antropología e Historia.

    Ese mismo año regresaban de un exilio aberrante e ilegal, impuesto por el gobierno de entonces, los últimos dirigentes estudiantiles que habían estado presos desde 1968. Además, no habían pasado todavía tres años desde que se consumó la masacre del 2 de octubre, crimen de Estado reprobado nacional e internacionalmente, por lo que volver a ganar la calle con una manifestación

    El gobierno de Luis Echeverría respondería con la saña con la que lo hizo, a la movilización del 10 de junio.

    Esa fatídica tarde del 10 de junio de 1971 nos reunimos cerca de 10 mil personas para participar en la manifestación que se inició en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN en el Casco de Santo Tomás, se dirigía por Avenida de los Maestros, donde fue interceptada en dos ocasiones por granaderos, quienes finalmente dejaron libre el paso a un costado de la Nacional de Maestros. marcha continuó hacia la calzada México Tacaba (prolongación de San Cosme), en donde se encontraban parapetados centenares de halcones ,quizás más de mil, dispuestos a reprimir y a detener de cualquier forma a los manifestantes.

    De acuerdo a un plan previamente diseñado, ahora lo sabemos, la manifestación fue cercada, centenares de estudiantes fueron baleados, decenas de ellos muertos por las balas disparadas por los halcones, grupo paramilitar patrocinado y cobijado por el gobierno de Echeverría. Los periodistas nacionales y extranjeros que cubrían la marcha también fueron agredidos, a muchos de ellos además de golpearlos les quitaron sus cámaras y sus rollos fotográficos para que no quedara huella de la masacre. Pese a ello, algunos reporteros gráficos, corriendo muchos riesgos, evadieron a los policías y paramilitares, salvando las imágenes de las acciones criminales que el gobierno de Echeverría ordenó aquella tarde.

    Entre los fotógrafos están Armando Salgado, Héctor García, Roberto Sánchez, Rodrigo Mora,Enrique Bordes Mangel y Antonio Reyes Zurita quienes captaron para la memoria e historia colectiva parte importante de las imágenes de aquellos trágicos y lamentables sucesos.

    Durante muchos años los sucesivos gobiernos priistas no llevaron a cabo ninguna investigación sobre la masacre del 10 de junio de 1971, como tampoco lo habían hecho sobre la del 2 de octubre de 1968. Su estrategia era que ambos acontecimientos cayeran en el olvido.

    Pese al bloqueo gubernamental la difusión de dichos acontecimientos se llevó a cabo por activistas estudiantiles y por importantes intelectuales en todo el país y a nivel internacional. Puede afirmarse que no hubo escuela o sindicato democrático donde no se exhibieran los materiales fotográficos y fílmicos de los lamentables sucesos. Las reuniones o las asambleas donde esto sucedía siempre terminaban condenando el autoritarismo del régimen criminal que perpetró los hechos y exigiendo el castigo a los responsables.

    La estrategia de condenarnos al olvido falló. El 30 de septiembre de 1998, el Comité del 68 presentó una denuncia exigiendo la investigación de los hechos del 2 de octubre. La Procuraduría General de la República archivó el caso alegando prescripción. En 1999 el propio Comité promueve un amparo contra la decisión del fiscal federal. Por fin un juez determina que debe investigarse antes que declarar los delitos prescritos. En ese contexto el gobierno de Vicente Fox decidió crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) , que se encargaría de la investigación.

    El 10 de junio de 2002 ante la Femospp fue presentada la primera denuncia de hechos sobre la masacre del 10 de junio de 1971, y fue la mía. Más adelante hicieron lo mismo Raúl Alvarez Garín, Pablo Gómez y Oscar Luis Argüelles entre otros compañeros víctimas y ofendidos. En todas las denuncias dicha masacre es considerada como un crimen de Estado y son responsables los más altos funcionarios del gobierno de aquel entonces.

    En efecto, de acuerdo a las pruebas existentes y a la jerarquía de sus funciones los principales responsables son: Luis Echeverría Álvarez, Alfonso Martínez Domínguez, Julio Sánchez Vargas, Mario Moya Palencia, Fernando Gutierrez Barrios, Luis de la Barreda, Hermenegildo Cuenca Díaz, Rogelio Flores Curiel, Manuel Díaz Escobar, Miguel Nazar Haro y los más de mil integrantes del grupo Los Halcones.

    La memoria y la verdad han sido recuperadas pero la justicia negada. Abriremos las puertas de los tribunales internacionales hasta lograrla porque la conciencia no prescribe.

    Ex dirigente estudiantil de 1971



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