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John Bailey

Si cae Monterrey...

Dirige el Proyecto México en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. De 1980 a 1990 fue director del seminario sobre ...





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    17 de mayo de 2007

    “Si cae Monterrey, ¿qué chance tiene el resto de México?”. En una conversación que tuve la semana pasada en Monterrey con mi colega académico, quien también es un ciudadano activista en su comunidad, éste sonaba genuinamente preocupado. Si Monterrey, con sus distintas ventajas de economía sólida, activo liderazgo cívico y empresarial e instituciones académicas de buena calidad, no puede enfrentar exitosamente la narcoviolencia, el resto de México evidentemente enfrenta un severo desafío. Su comentario me recordó el fuerte orgullo local por el excepcionalismo regiomontano, y también me transmitió el sentimiento de consternación generado por las recientes olas de violencia criminal. Ciudad Juárez, donde estuve a principios de esta semana, parecía en cierto modo estar más acostumbrado a la violencia; Monterrey, no.

    Los regiomontanos se consideran diferentes, trabajadores y progresivos, pero con sólidos valores familiares arraigados en una moralidad tradicional.

    Recuerdo una conversación hace 15 años en la que otro colega académico afirmaba que Monterrey podía absorber los elementos buenos de la modernización, como la tecnología y la productividad, al tiempo que su sólida cultura conservadora podría resistir las partes malas, como la delincuencia, los divorcios y el materialismo. Yo estaba escéptico en ese entonces. En conversaciones recientes constantemente se escucha que en cierta medida Monterrey ha perdido el camino, que el antiguo significado de los valores necesita ser recuperado.

    Gran parte de la preocupación se debe a la incertidumbre. Casi todas las mañanas hay noticias de otro asesinato o levantón. Los reportes a menudo describen a hombres armados a bordo de pick-ups o Suburbans nuevas, llevando a cabo ejecuciones o secuestros. Se escuchan complejos análisis de batallas en progreso entre dos grupos de traficantes, generalmente identificados como los cárteles de Sinaloa o del Golfo, por el control de las rutas de tráfico y de los crecientes mercados internos. La policía es al mismo tiempo parte del problema y de la solución. El complejo metropolitano de Monterrey, formado por siete ciudades principales, significa que hay múltiples departamentos de policía local, además de varias agencias federales y estatales. Cada uno de los departamentos tiene su propia entidad compleja, con algunos oficiales tratando de mantener un bajo perfil y simplemente desempeñando su trabajo, y otros actuando como cómplices pasivos de los traficantes, y un tercer grupo sirve como los empresarios violentos que trabajan con, o para, los grupos de narcotráfico. La incertidumbre es producto del caos generado cuando un bando de una u otra agencia de la policía se alía con un bando de una coalición de narcotráfico para atacar a miembros de otra coalición. Las venganzas y competencias por los distintos mercados asumen su propio ímpetu.

    Dos recientes sucesos generaron preocupaciones particularmente profundas. El primero fue la participación de un grupo de élite del Departamento de Policía de San Pedro Garza García en asesinatos vinculados con el narcotráfico. San Pedro es la ciudad más acaudalada en el área metropolitana de Monterrey, lo que La Jolla es para San Diego, y su policía era considerada como una de las mejores.

    El asesinato del jefe de Policía de San Pedro, Héctor Ayala, en febrero de 2006, fue todo un escándalo. Sin embargo, la posterior revelación ese año de que algunos de los oficiales de su Unidad de Respuesta Rápida trabajaban como sicarios de un grupo de traficantes, resultó especialmente inquietante.

    El segundo suceso fue incluso más traumático. Marcelo Garza y Garza, un oficial de alto rango en la Policía estatal, fue asesinado en septiembre de 2006. Sin importar cuál haya sido la causa, ya sea una venganza por una redada o la percepción de que la policía estatal estaba fijando su atención en el grupo del Golfo en beneficio del de Sinaloa, Garza y Garza era ampliamente admirado como un oficial competente, valiente, y limpio. Su asesinato envió una onda de choque a través del gobierno estatal y a través de la comunidad en general.

    Y los asesinatos continúan. Este periódico recientemente reportó que se cometieron mil asesinatos en lo que va del año hasta el 15 de mayo. En el año 2006 se llegó a la cifra de mil asesinatos el 1 de julio, y en 2005 el 12 de septiembre. En Monterrey desde el 1 de enero la cifra comparable supuestamente ha alcanzado los 62 casos.

    La interrogante urgente es cómo el gobierno y la sociedad civil pueden responder efectivamente a la violencia criminal. Los gobernadores de varios de los estados se sintieron más preocupados por el crimen organizado en 2005 y 2006. La Comisión de Seguridad Pública de la Conago le presentó en noviembre de 2006 una propuesta de estrategias al presidente electo Felipe Calderón. La propuesta es una respuesta multidimencional bien pensada, y aparentemente varias de sus recomendaciones fueron parte de las propuestas que el presidente Calderón anunció en marzo de este año.

    No obstante, será necesario un periodo bastante considerable para que la mayoría de las recomendaciones sean formuladas y aplicadas. Este gobierno está pagando bastante caro el tiempo desperdiciado en los primeros años de la administración Fox. El anuncio de la creación de un grupo de élite del Ejército para combatir el crimen organizado podría tener la ventaja de quitarle presión a los grupos regulares. Ese es un alivio bastante agradecido. No obstante, el asunto real es la rápida reforma de la policía federal y la mejora general de la coordinación de aplicación de la ley en varios niveles del gobierno. La clave es la mejora de la inteligencia para rastrear gente, comunicaciones y flujos de dinero. Recordemos que el célebre mafioso Al Capone no fue arrestado por ninguno de sus terribles crímenes de violencia. Fue condenado por evasión de impuestos.

    Distraído como está con la guerra de Irak, el gobierno estadounidense podría hacer útiles contribuciones a las iniciativas de México con respecto a entrenamiento de la policía y desarrollo de la capacidad de inteligencia. El representante Silvestre Reyes, un demócrata del sur de Texas, preside el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Al tiempo que la violencia se propaga hacia el sur de Estados Unidos, la presión para que el Congreso actúe crecerá a pasos agigantados.

    “Si cae Monterrey...”. Interpreto ese comentario como un reflejo del orgullo herido, de que esto no debería estar pasando en Nuevo León. No obstante, la lucha contra el crimen organizado está en marcha en todo México y no se ganará ni se perderá en ninguna ciudad en particular. La preocupación generalizada se debe convertir en respuestas efectivas. (Traducción: Mariana Toledo)

    *Es director del Proyecto México en la Universidad de Georgetown



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