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Alberto Aziz Nassif

¿La hora de la reforma?

Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Ha escrito libros y numero ...

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    15 de mayo de 2007

    De nueva cuenta la ola refor madora parece que llega al país. Los aires de cambio institucional se mueven en el Congreso de la Unión. El instrumento de hacer una ley para generar una reforma del Estado está en marcha; ya se nombraron a las comisiones y sus asesores. Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudia la controversia constitucional sobre la ley de radio y televisión, y pronto se conocerá su resolución. Esperemos que la Corte pueda corregir los errores y la subordinación del Congreso ante los excesos del poder fáctico del duopolio televisivo que integran Televisa y Azteca.

    A partir de la última sucesión presidencial, como en otros momentos del país, ahora parece que se abre un nuevo ciclo de conflicto y reformas. La dinámica de estos ciclos fue una constante desde el final del sistema de partido hegemónico en 1976, hasta la fase de un sistema plural y tripartito de competencia partidista en 1996 -fecha de la última reforma electoral importante-. Si en la primera etapa se trató de lograr una inclusión más amplia del espectro político, sobre todo para incluir a las expresiones de la izquierda, en la segunda fase de las reformas se intentó construir confianza, condiciones de equidad y elecciones competitivas. El objetivo se cumplió, la alternancia se instaló como un mecanismo que garantizó el cambio de partido en el gobierno.

    Sin embargo, al poco tiempo surgió la parte negativa de la historia: la política electoral se mediatizó completamente y el dinero para las campañas pervirtió la competencia. El género de la "guerra sucia" contaminó la competencia política. El caso extremo lo vimos en la pasada sucesión presidencial, que ahora se ha convertido en el marco de referencia para procesar las reformas que vienen. Los datos son contundentes: en 2006, 70% del financiamiento de la partidos y candidatos fue a parar a una estación de radio o de televisión (EL UNIVERSAL, 23/IV/2007).

    Quizá resulte excesivo adjudicar como la principal causa de la polarización política del país en el 2006 al modelo de compra privada de los partidos en medios, pero al mismo tiempo, sin ese esquema, sería inexplicable la crisis y la confrontación patológica que vivió México el año pasado.

    Frente a este nuevo ciclo reformador es indispensable no dejar todo el proceso en manos de la clase política, que ha perdido importantes niveles de la confianza de los ciudadanos. Por ello, los puntos de vista de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de las instituciones académicas, de los expertos, serán una clave vital para el proceso. A pesar de todo, es necesario terminar con el perfil pasivo de una democracia representativa que se encuentra en crisis y activar con fuerza los espacios de una democracia participativa.

    El punto de partida en este ciclo de reformas no puede ser el mismo de los años anteriores, en donde la lógica fue simplemente modificar las reglas electorales y dar todas las demás partes del sistema político por buenas y eficientes. Por esa razón, la agenda de la reforma del Estado integra, además de lo electoral, temáticas sobre régimen político, federalismo, justicia y bienestar. Sin embargo, las huellas de la conflictiva sucesión presidencial del 2006 parece que han orientado a los legisladores para comenzar la ruta de reformas con la parte electoral de la agenda.

    Las propuestas de reforma electoral que se acumulan en los últimos años suman centenas, y podemos imaginar que en cada uno de los temas de la agenda habrá múltiples propuestas. Aquí quiero resaltar un esfuerzo ciudadano que ha hecho un grupo denominado Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, que ha elaborado una propuesta de reforma electoral que se dará a conocer en los próximos días.

    Sobre este proyecto hay dos asuntos que es importante comentar: por una parte la perspectiva desde la que se hace la propuesta, es decir, desde la defensa de intereses ciudadanos; y la segunda, sobre la metodología que formula ventajas y desventajas de modelos sobre el régimen electoral, los partidos políticos, el proceso electoral y los mecanismos de justicia. El objetivo de una nueva reforma electoral no puede conformarse con un simple ajuste del actual modelo; es necesario cambiar de modelo.

    De esta forma, por ejemplo, el organismo electoral tiene que sufrir transformaciones importantes para dejar atrás una suerte de simulación de autonomía y ciudadanización, cuando en realidad se trata de un órgano intervenido por los intereses partidistas. El IFE tiene que convertirse en un órgano constitucional autónomo y requiere de amplios ajustes, desde la forma de integración de sus consejeros a través de mecanismos transparentes y con amplia participación social, hasta un nuevo perfil salarial para estos árbitros, más acorde a una figura republicana y no a un sector de privilegiados con sueldos equivalentes a un ministro de la Corte. El IFE necesita una reingeniería institucional.

    El modelo de financiamiento público a los partidos requiere de un ajuste importante. No se trata sólo de modificar los montos, sino de cambiar de modelo porque ya se quebró la ecuación de mucho dinero igual a certeza. Los resultados del 2006 muestran que se trató de una elección sin certeza y altamente insatisfactoria, a pesar de su alto costo. Conectado con lo anterior es urgente terminar con la mediocracia de la política: prohibir la compra privada de tiempos en radio y televisión, para que sea la autoridad la que otorgue los tiempos. Además, se necesita un ajuste en los calendarios, reglamentar pequeñas precampañas sin medios y campañas cortas, con la obligación de realizar debates públicos. Urge terminar el negocio de los nuevos partidos con financiamiento público y sin votos. En suma, se trata de modificar el vínculo entre dinero público y campañas partidistas para recuperar el sentido democrático de la política.

    Nada garantiza que nuevas reglas recuperen automáticamente los tejidos de confianza rotos en 2006, pero una cosa sí es segura: sin un cambio de modelo electoral el país seguirá sometido a las inercias e intereses de una alianza entre una rica partidocracia y los poderes fácticos de la televisión.

    Investigador del CIESAS



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