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Francisco Rojas

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    01 de mayo de 2007

    Está de moda lo ´light´ en alimentos, bebidas, reformas de pensiones, códigos de ética y parece que viene una reforma fiscal también light .

    Al parecer, será más de lo mismo y dentro de seis años nos enfrentaremos otra vez a la necesidad de recaudar más impuestos, pero con mayores problemas y menos reservas probadas de petróleo. ¿Se volverá a cumplir la maldición de que nunca es oportuna una reforma fiscal?

    Los casos expuestos por la Auditoría Superior de la Federación sobre las deficiencias de nuestro sistema tributario quedarán como las llamadas a misa, sin que se sepan los resultados de sus observaciones.

    Con azoro nos enteramos que en el periodo de Fox, la Secretaría de Hacienda devolvió impuestos por más de 600 mil millones de pesos, que significaron más del doble del incremento de la inversión privada en el periodo, lo que vuelve a poner en duda el viejo argumento de que primero hay que crear el pastel para después repartirlo.

    Y qué decir de la concentración de las devoluciones fiscales en escaso número de contribuyentes; de la devolución de impuestos a Transportación Ferroviaria Mexicana sin que ésta hubiera acreditado el pago del IVA ni se hubiera litigado la procedencia del fondo del asunto; o la recaudación de ingresos por derecho de trámite aduanero, etcétera. Pareciera que sólo al causante cautivo, pequeño industrial o comerciante, sin buenos abogados o contadores, le cae encima toda la parafernalia burocrática del fisco, lo que no sucede con el contrabando y la economía informal.

    Insistimos: la reforma fiscal debe eliminar la tasa cero en el IVA, con una canasta básica de alimentos y medicinas exentos, con un ISR bajo, pero sin huecos que permitan la elusión impositiva y la persistencia de regímenes especiales y privilegios fiscales. También se requiere darle autonomía al SAT y replantear la responsabilidad fiscal de estados y municipios, dotándolos de los instrumentos de capacitación, control y fiscalización del caso. Sólo así seremos una sociedad moderna y competitiva, con un Estado con recursos suficientes para hacerle frente a sus obligaciones sociales, políticas, económicas y de seguridad.

    Pero tanto o más importante es el destino del gasto público, y su control y evaluación. Dicen que el hubiera no existe, pero si la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se hubiera aprobado antes del 2005 y el gobierno de Fox la hubiera aceptado y cumplido, muchas de las recientes observaciones de la ASF quizás no habrían tenido lugar.

    Las barbaridades presupuestales cometidas por el gobierno de Fox (Enciclomedia, megabiblioteca, Terminal 2, etcétera.) no son nuevas ni de extrañarse. El gasto público ha venido creciendo por agregación; actualmente el 70% del mismo se considera "irreductible" y sólo 10% se destina a la inversión. No obstante lo anterior, se lanzaron programas al vapor sin sustento; el Seguro Popular registraba un déficit de recursos por 11 mil millones de pesos en 2005 y será de más de 80 mil millones en el 2012.

    Existen lugres de la República en donde concurren 10 o más programas sin ninguna conexión entre ellos, y programas de antaño cuya justificación y utilidad debe revisarse; pero ha crecido la alta burocracia como las subsecretarias de Innovación y Calidad, y las unidades administrativas, por ejemplo, cuyo costo-beneficio está por verse.

    Es un cuento hablar de la eficiencia terminal del gasto público; al respecto, dice el informe de la ASF, que "no se logró identificar la eficiencia, los costos y la calidad, ni el impacto social del ejercicio del gasto público", por carecerse de criterios normativos e indicadores adecuados; y señala repetidamente la enorme discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para disponer de los ingresos excedentes, que sólo en el 2005 fueron de cerca de 160 mil millones, y la canalización creciente de recursos hacia el gasto corriente en detrimento de la inversión.

    Hay que dar estricto cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, principalmente en lo que respecta a la determinación previa del costo de las nuevas leyes y programas, su regulación y su forma de financiamiento, así como al sistema de evaluación de gasto. Habrá que establecer que los fideicomisos constituidos por decreto público deben ser sujetos a reglas públicas.

    Igualmente, debe reforzarse el régimen de control y revisión por parte de la ASF y la Secretaría de la Función Pública, la aplicación de responsabilidades y la posibilidad de audiencias por parte del Congreso, y avanzar en la descentralización de programas hacia los estados, acompañados de una mejor evaluación, control, transparencia y régimen de responsabilidades.

    Analista político



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