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Jacqueline Peschard

Fraude a la ley

Jacqueline Peschard es Dra. en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán, Lic. en Sociología y Mtra. en Ciencia Política, FCPyS, UNAM. H ...

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    19 de septiembre de 2006

    Apenas unos días después de haber tomado posesión de su curul en el Congreso de Morelos, dos diputadas de los partidos Nueva Alianza y Convergencia pidieron licencia para dejar en su lugar a los varones suplentes, con quienes guardaban una relación personal estrecha. Unos días después, una novel diputada federal del PVEM hizo la misma operación y en su lugar entró el suplente masculino.

    A primera vista, nada tendría de sorprendente que unas representantes populares solicitaran licencia, pero la precipitación con la que lo hicieron y el perfil de quienes resultaron beneficiados por su salida da cuenta de que se trató de un movimiento premeditado para cubrir el requisito legal de presentar candidatas propietarias mujeres, pero no para cumplir realmente con el espíritu de la ley. No hubo una violación a la norma, pero se violentó su significado que busca una representación menos desequilibrada entre hombres y mujeres. Fue un "fraude a la ley".

    Me explico, tanto el Cofipe como la ley electoral de Morelos prevén una cuota de género en la integración de las listas de candidatos al Congreso, además, en el caso de las de representación proporcional, las mujeres deben estar intercaladas cada tres posiciones, a fin de asegurar que miembros de un género diferente lleguen a ocupar los cargos en la proporción prevista.

    Antes de que la ley electoral federal se reformara en 2002 para que las mujeres se ubicaran en lugares específicos dentro de las listas de candidatos, el Cofipe contemplaba en un artículo transitorio la indicación genérica de que un 30% de los candidatos fuera para un género distinto, sin embargo, la práctica recurrente fue que los partidos acomodaran a sus candidatas ya fuera al final de las listas, es decir, donde no tenían oportunidad alguna de ganar, o de plano en el espacio de los suplentes. Estaba claro que dentro de los partidos políticos no había ni voluntad, ni mucho menos tradición de equidad de género, por ello para obligar a tener una representación más equilibrada era indispensable introducir medidas eficaces de discriminación positiva.

    Cuando la nueva disposición se puso en práctica en 2003, la presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados creció de un 16% a un 23%, pero ello no significó que se hubieran derrotado las resistencias que existen dentro de los partidos para integrar a un mayor número de mujeres en sus cuadros dirigentes. La LX Legislatura que se instaló el pasado 1 de septiembre está compuesta por 114 diputadas, lo que representa un 22.8% de la Cámara de Diputados y por apenas 21 senadoras, equivalente a un 16% de la Cámara Alta, es decir, tres puntos por debajo de la proporción que ocupaban en la legislatura previa.

    Si observamos la distribución de las legisladoras mujeres entre los distintos grupos parlamentarios, llama la atención que el PVEM es el que tiene un mayor porcentaje de mujeres (53% de sus diputados y 33% de sus senadores), lo que evidencia que no era necesario burlar la ley como se hizo pues tenía cubierta la cuota. El PAN, que fue el partido que tradicionalmente tuvo mayores reservas para sumarse a la iniciativa de la cuota de género, es el que le sigue en proporción de mujeres en el Congreso, ya que cuenta con un 23% de diputadas, pero sólo con un 13% de senadoras; mientras que el PRD, que ha sido históricamente el abanderado de la equidad de género, sólo tiene un 21% de diputadas, aunque en el Senado tiene una relativamente alta presencia de mujeres, un 24%. El PRI, que en su época hegemónica solía incorporar a buen número de legisladoras, hoy cuenta con apenas 18 diputadas (17.6% de su bancada) y únicamente el 15% de sus 33 senadores son mujeres.

    Hoy en día, la idea de una representación política más equitativa en términos de género está plenamente socializada y nadie se atrevería a pronunciarse abiertamente en contra, pero la elevada valoración social de las cuotas no se corresponde con la cultura política dominante que sigue concibiendo a la política como espacio reservado naturalmente para los hombres. Los partidos deberían ser los más interesados en promover la equidad de género en la representación porque ello redunda en el enriquecimiento de la deliberación y del propio contenido de las agendas parlamentarias. Quizás para evitar futuros "fraudes a la ley" habría que disponer que las cuotas abarcaran no sólo a candidatas propietarias, sino a sus respectivas suplentes.

    Profesora de la FCPyS de la UNAM



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