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Alberto Aziz Nassif

Salarios de privilegio

Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Ha escrito libros y numero ...

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    07 de marzo de 2006

    DESDE que se inició la transparencia sobre la información pública, los ciudadanos nos hemos enterado de cuáles son los salarios que gana la alta burocracia. Ahora podemos llegar a esa información a través de las páginas de internet de las dependencias oficiales.

    En los últimos días han sido noticia de primera plana los sueldos, compensaciones y demás mecanismos de ingreso de los altos niveles del Poder Judicial. Sin duda, los elevados montos son razón suficiente para analizar el caso: ¿son adecuados a su nivel de responsabilidad? ¿Son un privilegio en un país en donde la inmensa mayoría percibe salarios radicalmente inferiores? ¿Cómo está México en comparación a otros países?

    Los altos salarios públicos forman parte de la agenda de discusión de la campaña electoral. Uno de los compromisos de López Obrador es bajarlos a la mitad. Pero de qué hablamos con altos salarios: un ejemplo puede ser el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que durante 2006 destinará 166 millones de pesos para cubrir las pensiones, compensaciones y prestaciones de 40 ministros jubilados, es decir, que a cada uno de estos jubilados de lujo le tocarán en este año 4 millones 150 mil pesos.

    Otro ejemplo es el del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que percibirá un ingreso de 4 millones y medio de pesos, con lo cual se le considera el funcionario mejor pagado de la Federación; el magistrado del TEPJF ganará un millón de pesos más que el presidente de la SCJN (EL UNIVERSAL, 1/III/2006). Otro ejemplo es que cada uno de los 11 ministros de la SCJN recibió durante 2005 dos bonos por un total de un millón y medio de pesos (Reforma, 28/II/2006).

    Comparativamente, los altos funcionarios del Poder Ejecutivo (secretarios, subsecretarios, directores generales) están por debajo de estos ingresos, pero sus sueldos son del más alto nivel. Con base en el trabajo de Laura Carrillo y Juan Pablo Guerrero, Los salarios de los altos funcionarios en México desde una perspectiva comparada (CIDE 2002), podemos observar que las hipótesis que apuntalan esos ingresos no se sostienen. La idea de que los altos salarios son una forma de compensación por los riesgos de un despido inesperado se cae cuando se ve que en los países desarrollados se cuenta con sistemas profesionales y con un servicio civil de carrera que le da certidumbre a la carrera del funcionario público.

    De la misma forma se examina en ese trabajo que la idea de que México posee a una de las burocracias mejor pagadas del mundo porque deben compensarse los servicios privados de educación y salud, que en otros países son públicos, o porque se tienen que compensar las dificultades y riesgos de la ciudad de México. Se trata de argumentos que no se sostienen, simplemente porque el resto de la población también tiene que resolver estos problemas, por lo que se va desnudando el argumento hasta llegar a considerarlo simplemente como un privilegio.

    Comparativamente los altos salarios rebasan a las burocracias en los países más desarrollados, con el agravante de que en México no existen mecanismos claros de rendición de cuentas y, sobre todo, de profesionalización del servicio público, proyecto que hoy en día está en una fase inicial dentro del gobierno federal. Otro de los argumentos más empleados es que el alto salario es una suerte de blindaje en contra de las oportunidades de la corrupción, supuesto que se desmorona con la comparación internacional y los índices de corrupción.

    En nuestro país, que paga mejor que la mayoría de los países desarrollados, se tienen índices de corrupción mucho más elevados, o sea que el ingreso alto no garantiza por sí solo un dique a la corrupción. La comparación entre Chile y México nulifica el argumento: en el primer caso un alto funcionario percibe 28 mil dólares al año, en tanto que en nuestro país se eleva a 158 mil, con la diferencia de que los chilenos tienen una nota de 7.5 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional -cuya escala más alta de menor corrupción es 10- y México obtiene sólo un 3.6 en el índice (Carrillo y Guerrero).

    Con datos de 2002, los autores muestran cómo un director general gana tres veces más que el nivel de ingreso promedio más alto, y 85 veces más que el grupo de menores ingresos, según la encuesta de hogares mexicanos. En países desarrollados el diferencial es mucho menor, lo cual expresa la alta polarización que existe en México en el ámbito salarial, y apuntala la pésima distribución de la riqueza de nuestro país.

    La burocracia mexicana se ubica en la escala salarial más alta frente a Europa occidental y Estados Unidos. ¿Cómo justificar estos salarios de privilegio frente a un maestro de primaria que no llega a los 5 mil pesos al mes, un médico del Seguro Social o un universitario que reciben 12 mil pesos al mes? ¿Será más importante la labor de un alto burócrata a la de un investigador, un médico o un maestro?

    Otro argumento empleado para justificar el privilegio es el de mantener la competitividad de mercado entre el sector público y la empresa privada. En el mismo texto se analiza cómo en ningún país del mundo los sueldos se asemejan, porque el sector privado siempre tendrá, en sus altos niveles, sueldos superiores a los de la alta burocracia. A este diferencial los autores añaden otras razones como las diferencias de formación profesional, de reglas del juego, trayectorias y culturas laborales, que marcan a cada actividad como campos completamente distintos.

    Si la alta burocracia del gobierno federal tiene los niveles más altos de ingreso, la élite del Poder Judicial está todavía mucho más arriba formando un pequeño grupo de privilegiados. Además, el Poder Judicial tiene mucho menos avances en transparencia y visibilidad que el Poder Ejecutivo. El otro caso es el Poder Legislativo, que tiene varios agravantes, altos salarios, poca transparencia y nula profesionalización. En el Congreso reinan el reparto de bonos, la discreción en el gasto y la nula rendición de cuentas, lo cual hace del Poder Legislativo un espacio opaco de privilegio. Un 62% de la ciudadanía opina que el Congreso es ineficiente (EL UNIVERSAL, 6/III/2006).

    Los salarios de privilegio son una vieja herencia del pasado autoritario que todavía está entre nosotros. Muy poco avanzará el país si no logra tener un poder público eficiente, profesional, que rinda cuentas y tenga salarios republicanos. Cuando no hay más justificación para este nivel de salarios, salvo los argumentos del privilegio, estamos ante un serio problema para nuestra incipiente democracia.

    Investigador del CIESAS



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