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El Congreso sigue sólo con buenas intenciones

Natalia Gómez Quintero| El Universal
Viernes 10 de septiembre de 2010
El Congreso sigue slo con buenas intenciones

DISCUSIÓN. En mayo, el senador Guillermo Tamborrel (PAN) encabezó la mesa de análisis sobre avances y pendientes a dos años de que entro en vigor la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Legisladores buscan aprobar una ley adecuada para las personas con discapacidad

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En 2008 entró en vigor la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, iniciativa propuesta por el Estado mexicano en el ámbito internacional y aprobada por otros 145 países miembros de la ONU. Los Estados parte se obligaron a promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto los derechos humanos.

En ese entonces, México podía presumir de contar ya con una Ley que reglamentaba estos derechos. Pero hoy, esa Ley General para Personas con Discapacidad, que ha tenido modificaciones a consecuencia de la Convención respaldada a nivel mundial, no es presumible ante el retraso que se vive en el país para preservar los derechos de ese sector.

Menos aun cuando la Ley carece de reglamento, a cinco años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Así, legisladores han intentado dar respuesta. Existen de tres iniciativas de ley, dos de las cuales, la del PAN y la del PRI, proponen adiciones o algunas reformas a la ley. La tercera, del PRD, sugiere derogar la actual y emitir una nueva, ley General para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.

 

 

El análisis

Las intenciones apuntan a que sea la LXI Legislatura, que concluye su periodo el 31 de agosto de 2012, la que apruebe una ley adecuada a las condiciones actuales del país. No obstante, hay un riesgo latente: que se aprueben modificaciones o incluso hasta una nueva ley, pero que pasen años sin reglamento.

Este hecho hace inoperante cualquier ley, pues impide además el denominado proceso de armonización en los tres niveles de gobierno, es decir, la adecuación de las reglas a un ordenamiento jurídico considerado de mayor jerarquía.

Los textos de las tres iniciativas utilizan un lenguaje mucho más preciso y detallan de manera específica las atribuciones que las autoridades deben de tener en la procuración de derechos para la gente con discapacidad. Las propuestas garantizan un gasto presupuestario preciso encaminado a la atención de ese sector. Se calcula un millón 795 mil personas viven en esta condición.

 

La iniciativa del PAN, presentada por el senador Guillermo Tamborrel desde la pasada legislatura, tiene un énfasis especial en la colaboración de la iniciativa privada como paso primordial para la aplicación de este tipo de acciones, por lo que se propone un esquema de “Convenios de Adhesión” que fomente la participación y reconocimiento de los particulares que se adhieran voluntariamente al cumplimiento de la ley.

La presentada por Yolanda de la Torre, del PRI en esta legislatura, hace énfasis en las responsabilidades y acciones que cada Secretaría de Estado debe tener dentro del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis).

La iniciativa de ClaudiaAnaya, del PRD, una de las dos diputadas con discapacidad en la actual legislatura, considera apremiante la necesidad de establecer expresamente determinados derechos que les permitan salir de su situación de desventaja social y así, lograr su inclusión en la sociedad y su desarrollo personal pleno.

Las propuestas están en la mesa, pero la voluntad política es la que ajustará las piezas para el engranaje requerido.

 



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