aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Empresa | Alberto Barranco

Pecado y penitencia

Periodista, cronista de la Ciudad de México, hombre de letras y, al mismo,tiempo profesional de la economía. Analiza en la radio y en la pren ...

Más de Alberto Barranco



COLUMNAS ANTERIORES


Ver más columnas
En un inexplicable giro, dada la presión del Congreso para imponer leyes que le pongan barreras a la venta de productos “chatarra” que provocan obesidad infantil, las firmas adheridas a un código de autorregulación se están rajando de mantener en alto la bandera

Miércoles 24 de marzo de 2010

De hecho, abierta la posibilidad de una segunda etapa de la cruzada unilateral, es decir promover una cultura de la salud basada en el equilibrio energético, el balance entre la ingestión de alimentos y bebidas y el gasto calorífico a través del ejercicio, ninguno de ellas está asumiendo la iniciativa.

Se diría que se les cansó el caballo, o de plano doblaron las manos ante el peso de las campañas para prohibir la venta de alimentos y bebidas dañinas en las escuelas; regular la publicidad engañosa que habla de propiedades mágicas de los productos, y aún y mejorar su contenido proteínico y cerrar el paso al exceso de almidones y azúcares.

Como usted recordará, al impacto de un primer intento del Congreso por imponer disposiciones ante la presión de los organismos de salud pública, el sector privado planteó la creación de un Código de Autorregulación Publicitaria de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas dirigido al público infantil, conocido coloquialmente como PABI.

Diseñado por organismos como el Consejo de empresas productoras de alimentos y bebidas, conocido como ConMéxico, la Canacintra, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario y la Concamín, el Código PABI garantizaría una publicidad responsable y educativa.

Su respeto estricto sería vigilado por el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, quien realiza monitoreos permanentes, aún cuando la obligación por ley le pertenece a la Secretaria de Salud, vía el Consejo Nacional para Prevenir Riesgos Sanitarios.

Nosotros podemos solos, diría la consigna.

Colocado en escena el primero de enero de 2009, el Código PABI tenía como respaldo el compilar, analizar y auditar los mensajes que reciben los niños a través de los medios electrónicos.

A su marco se adherirían 33 empresas productoras de alimentos y bebidas para niños, entre ellas el grupo Bimbo, Kellogg’s, el grupo Pepsico, Sigma Alimentos, Barcel y Unilever de México.

Y a lo mejor usted piensa que el esquema tenía más buena intención que efectividad, dada la falta de dientes de los códigos para sancionar a los infractores con algo más que su exhibición pública.

Sin embargo, durante el primer año de vigencia del Código PABI se logró retirar del aire a 79 campañas que no pudieron sostener en la práctica lo que en teoría asumían como bondades de los productos.

Adicionalmente, se exigió modificar a 59 más.

De hecho, la inaudita energía del presidente del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, Raúl Rodríguez, llegó a irritar a más de alguna empresa, acusando al organismo de ser más papista que el Papa.

Digamos que la autorregulación se les indigestó, a contrapelo de quienes hablaban de que se trataba simple y llanamente de taparle el ojo al macho.

El problema, decíamos, es que la falta de consistencia en el apoyo al esquema le está abriendo el paso a una acción legislativa que le ponga los puntos a la exigencia de evitar hacia el futuro la incidencia de enfermedades asociadas al sobrepeso.

Ahora que cabe la posibilidad de que las firmas le estén apostando a la efectividad de sus cabilderos, para trocar lo que parece negro en gris.

Por lo pronto, la experiencia dejará coja la posibilidad de que las empresas privadas se coloquen en nuevos esquemas de autorregulación, bajo el estigma de no ser capaces ni de enfrentar a ellas mismas.

Y luego se quejan de exceso de leyes, disposiciones administrativas y demás yerbas burocráticas.

Balance General

Otorgado, sin licitación al calce, un contrato millonario a la empresa jalisciense Electroiluminación y Proyectos de Occidente por la Dirección General de Servicios Urbanos del gobierno capitalino para proveer de luminarias al anillo Periférico, hete aquí que casi dos años después la firma no ha logrado cobrar un centavo.

El papel, a espaldas de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones que obliga a un concurso público, fue firmado en mayo del 2008, completándose la instalación de las lámparas en agosto siguiente.

En el inaudito, empero, en una segunda violación al ordenamiento se firmó un nuevo contrato en septiembre del año pasado, a toro pasado, según ello para regularizar el primero ante las objeciones de las instancias de vigilancia del gasto.

El caso es que ni así.

La tarea incluía la instalación de golpe de mil 200 luminarias, y en forma gradual 300, 106 y 518.

El contrarecibo salta de una a otra dependencia.

Siempre no

Aceptada en principio, dada la naturaleza compleja de las operaciones de derivados y la evidente manipulación de los bancos para obligar a la cadena a realizarlas, una quita equivalente al 60 por ciento de la factura original de mil 200 millones de dólares, ahora resulta que los bancos extranjeros que pactaron con Comercial Mexicana ya se rajaron. La reversa llegó cuando la firma mercantil rechazó la posibilidad de colocar en la mesa las garantías exigidas por los “derivadistas”, lo que motivó que éstos revivieran el juicio que habían entablado en Estados Unidos.

En la fase que se lleva hasta hoy tienen la sartén por el mango, dado que la juez de la causa sentenció que no existió coacción alguna para pactar coberturas primero contra una paridad peso-dólar y luego contra otra contraria.

Sin embargo, abrió una rendija al designar a un árbitro especial para discernir el monto del pago a que se obligó a la cadena, lo que refuerza la idea de que había una formidable maraña.

Ahora que la Comer analiza demandar en nuestro país a los bancos, lo que obligaría a pasar las operaciones bajo el tamiz de las leyes mexicanas.

Horcas caudinas

La pesadilla se le vendrá encima esta tarde al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, en su comparecencia ante la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, por más que en la agenda sólo se colocaron dos temas: el futuro de Satélites Mexicanos, tras rechazar sus accionistas una oferta de compra de un consorcio en el que se ubicaba la cadena MVS, y la licitación de frecuencias para telefonía celular.

Se ve difícil que los legisladores desaprovechen un filón que pareciera de oro para la oposición: el rezago en materia de infraestructura del país, atribuido en gran parte a los frecuentes subejercicios en el presupuesto de la dependencia.

Presumido en 2009 el presupuesto asignado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como el más alto de la historia, hete aquí que no se ejerció a cabalidad.

Adicionalmente, estarán en la mesa los innumerables litigios contra la dependencia, quien ha logrado el milagro de unificar a las firmas del ramo… en su contra.

Más allá, la crisis del autotransporte ante la falta de arbitraje de la instancia y, naturalmente, el penoso caso de la guardería ABC.

El callejón, pues, será tan estrecho que difícilmente el funcionario podría salir por la tangente, como acostumbra.

 



Comenta la Nota
PUBLICIDAD.