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Empresa | Alberto Barranco

Acorralan a Gil Díaz

Periodista, cronista de la Ciudad de México, hombre de letras y, al mismo,tiempo profesional de la economía. Analiza en la radio y en la pren ...

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En oficio fechado el 4 de diciembre, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales señala que la denuncia está ya en proceso de desahogo vía la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que encabeza Rafael Avanzi López

Jueves 18 de diciembre de 2008

En lo que pareciera el cierre de un círculo de hierro contra el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, la PGR le dio cauce a una denuncia por supuesto uso indebido de atribuciones y facultades

En oficio fechado el 4 de diciembre, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales señala que la denuncia está ya en proceso de desahogo vía la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que encabeza Rafael Avanzi López.

Como recordará usted la querella fue interpuesta por los diputados perredistas Juan Nicasio Guerra Ochoa y Pablo Trejo Pérez, en la presunción de que el ex funcionario incurrió en un presunto conflicto de interés al colocar la mesa para una colosal exención de impuestos derivados de la operación por la que el Citigroup de Estados Unidos se engulló a Banamex… tras haber hecho pública su exclusión del asunto.

Gil Díaz había sido en su momento director general de la firma de telefonía Avantel, filial del grupo financiero Banamex-Accival.

Como se recordará, la transacción realizada hace siete años se pactó, parte en efectivo y parte en especie, en 12 mil 500 millones de dólares, cruzándose las acciones en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, lo que permitió exentarla del Impuesto sobre la Renta.

La omisión, o si lo prefiere la prebenda, fue por el equivalente a 3 mil 500 millones… de dólares.

El caso es que habiéndole presentado Gil Díaz su excusa al presidente Vicente Fox en mayo de 2001, “para intervenir o participar en el proceso de aprobación de la transacción que han propalado el Grupo Financiero Banamex-Accival y el Citicorp”, semanas después entraría de lleno al asunto.

De entrada, el 30 de octubre les notificó al director general de Banamex, Manuel Medina Mora, y su similar del Citibank México, Julio A. de Quesada, vía libre a la fusión de ambos, subsistiendo el segundo.

Más allá, el 16 de julio de 2002 se autorizó, también con su firma, la posibilidad de que el Grupo Financiero Citibank se constituyera como Sociedad Controladora Filial y funcionara como grupo financiero. Y si le seguimos, ese mismo día se le concedió además a la intermediaria de Estados Unidos constituirse y operar como banco múltiple filial.

La paradoja del caso es que, en su solicitud de mantenerse al margen que le dirigió al ex presidente Vicente Fox, el entonces secretario de Hacienda señalaba textualmente que se deslinda, pese a que no presta ni ha prestado servicios a las sociedades involucradas en la transacción, “y por tanto no me encuentro en supuesto alguno que suscite conflictos de interés”.

Sin embargo, en el oficio dirigido a los directores generales de Banamex y Citibank, señalaba que entre el patrimonio del primero están las acciones de California Commerce Bank y California Commerce Bank Securities, y de Promotora de Teleinformática y Telecomunicaciones, quien controla a Avantel y Avantel Servicios Locales. El oficio tiene como referencia los números 101-182.

Lo grave del caso, además, es que a diferencia del resto de los papeles que llevan al calce la exigencia de publicación en el Diario Oficial, en este caso no se anota la instrucción, lo que a juicio de los denunciantes representa una grave omisión.

En la denuncia se habla también a la letra que “emitir una excusa y luego actuar en forma simulada al amparo de ésta representa un desconocimiento del orden jurídico, violenta la convivencia y atenta contra los deberes de revelación, transparencia y rendición de cuentas”. De acuerdo con los legisladores denunciantes, Gil Díaz habría violado la fracción B del artículo 217 del capítulo V del Código Penal Federal (“Uso indebido de atribuciones y facultades”) al otorgar permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico que exceden a 500 veces el salario mínimo diario del Distrito Federal.

En la querella se plantea, además, una serie de beneficios que a su largo paso por la administración pública le habría otorgado Gil Díaz a Banamex.

Por lo pronto, la exigencia habla de citar a declarar a cinco personajes “clave” para esclarecer los hechos: Javier Arrigunaga, ex director general del Fobaproa; Margarita de la Cabada, ex directora jurídica de Banamex; Alberto Sepúlveda, quien estructuró la operación entre Citibank (Citigroup) y Banamex desde el plano legal; Adalberto Palma Gómez, ex funcionario del Citibank y ex vocal del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, y Fortunato Álvarez Enríquez, ex contralor interno de éste. El escándalo, pues, está regresando en un nuevo capítulo.

Balance general

Excluyendo el Impuesto Especial que se le cobra a las gasolinas y diesel; el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; la tenencia para autos nuevos y usados, y el Impuesto por Rendimiento Petrolero, es decir la joya de la corona, la recaudación tributaria alcanzada hasta septiembre pasado fue de 963 mil 598 millones de pesos. El dato es más significativo si se toma en cuenta que en 1994 llegaba a la décima parte: 100 mil 180 millones, creciendo en 2000 a 372 mil 202 millones, para llegar a 505 mil 505 en 2005.

El año pasado se alcanzó 769 mil 610.

Historia vieja

En lo que representaría la repetición de una vieja historia, hete aquí que la calificadora de deuda Fitch Ratings está degradando la calidad crediticia de los bonos de deuda emitidos a la bursatilización de los derechos de cobro de la autopista de cuota Altar-Santa Ana. La razón es simple: el tránsito se ha caído ante las condiciones económicas, optándose por las carreteras federales. El tecnicismo habla de “limitada capacidad de flujo”.

La concesión se otorgó a la empresa Zunalta, en tanto la operación está a cargo de Operate, una y otra firmas subsidiarias de Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), cuya administración corre a cargo de Banobras. Se repite, pues, a la calca, el episodio del salinismo, cuando los altos costos del peaje volvieron intransitables las carreteras… obligando al gobierno a rescatarlas.

Yo no fui

En carta al columnista, el vocero de la Secretaría de Hacienda, Rodrigo Brand de Lara, sostiene que es falso el que funcionarios de la dependencia pretendieran alterar documentos oficiales de la Comisión de Hacienda del Senado, argumentando que ésta “respeta en todo momento el marco legal y se conduce con base a estándares de ética y legalidad”.

Sin embargo, reconoce que hubo una reunión en el Salón Colosio entre funcionarios de Hacienda, de Servicios Parlamentarios y de la Comisión de Hacienda, además de un asesor del Senado, en la que se negoció el que se mantuviera intacto el dictamen original que se había aprobado, al que se había modificado sin mediar razón.

Según ello estaban incorrectas las referencias a los artículos 43, fracción IX, y 44, fracción II de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. La mano negra, pues, metió su cuchara para abrir un escenario más amplio a las corresponsalías bancarias.



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