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Empresa | Alberto Barranco

Espada de Damocles

Periodista, cronista de la Ciudad de México, hombre de letras y, al mismo,tiempo profesional de la economía. Analiza en la radio y en la pren ...

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Como lo advertíamos hace unos días, finalmente el presidente Felipe Calderón colocó en la mesa del Congreso una iniciativa de Ley de Extinción de Dominio

Martes 07 de octubre de 2008

Ésta plantea agilizar la posibilidad de venta de bienes inmuebles involucrados en un ilícito. Estamos hablando de propiedades de narcotraficantes, ranchos, terrenos, mansiones, casas de seguridad, depósitos de mercancías robadas…

De aprobarse el ordenamiento bajo la figura de Ley Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución, éstos pasarían al dominio del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes dependiente de la Secretaría de Hacienda, que los colocaría en subasta… para prorratear el producto entre instituciones educativas, de salud y seguridad pública.

El problema es que, tal como lo plantea el ordenamiento, la extinción de dominio se haría efectiva aun antes de agotarse el juicio para determinar la responsabilidad de los presuntos delincuentes, lo que podría provocar una catarata de demandas contra el SAE.

Más aún, no todos los inmuebles son propiedad de la delincuencia organizada, que los alquila temporalmente para no dejar rastro. La Espada de Damocles, pues, caería sobre el casero.

El caso es que aun cuando el ordenamiento prevé la capacitación de jueces especializados en extinción de dominio, la responsabilidad del ejercicio recae principalmente en el Ministerio Público, al que se le otorgan facultades discrecionales.

Los inmuebles bajo la Espada de Damocles, de acuerdo con el artículo noveno de la propuesta, serán los involucrados en delitos contra la salud, incluidos laboratorios químico-farmacéuticos; en secuestro; en robo de vehículos, o en trata de personas.

El artículo tres de la propuesta, a su vez, define la extinción de dominio como la inexistencia de derechos sobre bienes producto de delitos o pérdida de derechos sobre los bienes, en cuyo caso el juez los declarará propiedad del Estado, sin contraprestación o compensación de ninguna especie para su dueño, “ni para quien se ostente o se comporte como tal”.

Según ello, este último supuesto llegaría cuando la persona tenga posesión de los bienes; tenga poder material de decisión sobre el uso o destino de éstos, o exista fama pública de que le pertenecen.

En caso de que se acreditara que la propiedad pertenece a un tercero, éste deberá comprobar que no tuvo conocimiento de las acciones que se realizaban en su inmueble, lo que parecería estar en chino. Cualquiera, pues, que rente una casa o un departamento podría estar en riesgo de perderlo, bajo el supuesto de no haber notificado a la autoridad de su mal uso.

Desde otro ángulo, el ordenamiento prevé que aun cuando los bienes estén a nombre de un tercero, “pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de la delincuencia organizada”, pasarán a poder del Estado.

El caso, decíamos, es que de acuerdo con el artículo 10, la extinción de dominio procederá aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, “pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió”. Dicho con todas la letras, primero disparo y luego virigüo.

De acuerdo con la ley vigente, la extinción de dominio de un bien involucrado en un ilícito sólo puede llegar cuando el acusado de éste sea condenado por el juez de la causa.

Y aunque actualmente los bienes muebles que pasan a la custodia del SAE son enajenados de inmediato, el respaldo para éste es la factura expedida al acto mercantil, es decir, que el producto podría regresar a manos de sus dueños.

En el caso de casas, ranchos, bodegas y demás, éstas son alquiladas durante el lapso en que se ventila el juicio para costear su mantenimiento, por más que las rentas en algunos casos son simbólicas.

El problema es que en ocasiones, pese a la existencia de sentencias en firme contra los delincuentes, éstos, sus prestanombres o los terceros que les alquilan los bienes, siguen peleando en los tribunales su posesión.

El caso más escandaloso involucra una residencia en Cuernavaca cuya propiedad se atribuye al tristemente célebre secuestrador Daniel Arizmendi, conocido como El Mochaorejas.

Como lee usted, pues, el remedio podría resultar peor que la enfermedad. ¡Aguas!

Balance general

Pues ahora resulta que entre las cartas que baraja el gobierno para designar al sucesor de Agustín Carstenes en la posibilidad de su eventual renuncia para asumir la gubernatura del Banco de México, está la del presidente del Senado, Gustavo Madero, en la lógica de haber presidido las Comisiones de Hacienda de las Cámaras Alta y Baja.

El problema, a soslayo de la ausencia de cartel internacional del legislador, es que enfrentaría un conflicto de interés, dada su participación en una empresa que le da servicios al Sistema de Administración Tributaria, más concretamente a la Administración de Aduanas.

Estamos hablando de la segunda revisión que se realiza para evaluar el pago correcto de aranceles o derechos. De hecho, Madero enfrentó la doble carta en su época en que encabezó las comisiones del ramo.

Sustote

La razón de fondo del lunes negro en los mercados bursátiles, en cuyo escenario el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores llegó a caer 9%, apunta a que, pese a lo espectacular de la cifra, los 700 mil millones de dólares que aprobó finalmente la Cámara de Representantes de Estados Unidos para rescatar su sistema financiero, son insuficientes para rellenar el boquete.

El cálculo más optimista habla de un trillón de dólares. Ahora que la carambola está pegando con más fuerza de lo calculado en las intermediarias bancarias europeas, que se convirtieron en el epicentro del pánico. El vaivén se mantendrá vivo en la aproximas semanas.

¡Rediez!

A contrapelo de las versiones que hablan de una “inminente” incursión del magnate Carlos Slim en España, de la mano de su socio en el banco Inbursa, la Caixa, dueña de la mayoría de acciones de la telefónica del país ibérico, éste mantendrá la mira en América Latina.

El run run hablaba de una gran inversión en el grupo Prisa, editor de El País, en una maniobra similar a la realizada con la compra de un paquete de acciones del influyente diario estadounidense The New York Times.

Fuego amigo

A contrapelo de las versiones que lo ubican como incondicional del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, hete aquí que, en su época de subsecretario de Comunicaciones, Rafael del Villar emitió una disposición que se tradujo en un golpe seco contra la Telefónica México… que preside el ex funcionario. Estamos hablando de una regulación de tarifas de interconexión que afectó a la mayoría de los operadores de telefonía móvil.



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