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Empresa | Alberto Barranco

Buena y mala

Periodista, cronista de la Ciudad de México, hombre de letras y, al mismo,tiempo profesional de la economía. Analiza en la radio y en la pren ...

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En intento de sorprender al entonces secretario de Energía, Luis Téllez, y colocarle balas en la cartuchera, un legislador priísta le lanzó un dardo que parecía explosivo: ¿Sabía que CFE arrastra un pasivo laboral de 70 mil millones?

Miércoles 20 de agosto de 2008

La respuesta del funcionario, acorralado en una álgida comparecencia en la que se discutía la posibilidad de privatizar plantas de la paraestatal, a lo que se oponían panistas y perredistas, dejó helado al interlocutor:

—Su fuente está equivocada, diputado: Son 90 mil millones.

El caso es que nueve años después el boquete se ha duplicado, en un escenario en que el crecimiento del fardo llegó a 72 por ciento sólo en lo que va del presente año, tras descender insólitamente 2.1 en 2004, y avanzar sólo 7% y 10.8% durante 2006 y 2007.

El año más álgido, hasta entonces, habría sido 2005, con un crecimiento de 35.1%.

De ahí, pues, la necesidad de la empresa pública de buscar un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM) para contener el alud.

El convenio firmado el lunes pasado amplía en cinco años la ruta reclamada para acceder a una pensión o jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso e impone una cuota para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones equivalente a 3.2% del salario mensual.

La paraestatal, a su vez, cubrirá otro 4.9%.

De acuerdo al esquema anterior, que se mantendrá vigente para los 79 mil 981 trabajadores activos de la empresa pública y, naturalmente, para los 22 mil 918 jubilados, el derecho a pensión llegaba a los 30 años de labores para los hombres y 25 para las mujeres, en tanto la aportación al fondo la absorbía totalmente la empresa.

Digamos que el promedio mínimo de jubilación llega a los 52 años para los hombres y a los 48 para las mujeres.

Ahora que, contrario a la percepción generalizada, la percepción promedio de los jubilados de la Comisión Federal de Electricidad no llega a niveles estratosféricos… aunque está muy lejos del suelo.

Estamos hablando de 18 mil 147 pesos mensuales, frente a los 20 mil 18 de Petróleos Mexicanos o los 12 mil 621 de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social… por más que en el ISSSTE el promedio es de 5 mil 590 pesos, y para los asegurados del IMSS de mil 872.

El nuevo esquema, trazado por la empresa Valuaciones Actuariales, tardó 11 meses en cuajarse, por más que desde el arranque había dado luz verde total el STERM.

Los nuevos trabajadores se incorporarán al Sistema de Ahorro para el Retiro, es decir, cotizarán bajo las reglas privadas.

La buena noticia, pues, es que se frena la expansión del colosal agujero. La mala es que éste lo deberá seguir financiando el gobierno.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, la relación entre el pasivo total y el patrimonio de la empresa pública se volvió negativa a partir del año pasado, lo que colocaba a la CFE en un escenario de quiebra técnica.

Dicho con todas las letras, las deudas de la paraestatal, incluido, naturalmente, el pasivo laboral, superan 7.16% al valor de sus propiedades.

Durante los últimos años éstas eran 4.6% mayor a aquellas.

Naturalmente, cerrado el capítulo de la CFE, el siguiente objetivo del gobierno será la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuyo hueso será más duro de roer, dada la combatividad del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Sin embargo, la urgencia pareciera mayor dada la dramática situación financiera de la empresa, cuya sobrevivencia reclama una inyección anual de recursos públicos de al menos 40 mil millones de pesos.

De hecho, sólo para evitar el colapso de su fondo de jubilaciones y pensiones, Luz y Fuerza reclama 4.9% de la aportación de 226 mil 946 millones de pesos que el gobierno destina al efecto, frente a 4.8% de la Comisión Federal de Electricidad, o 6.7% de Petróleos Mexicanos.

En este caso, el pasivo laboral alcanzaba hasta el año pasado 112 mil millones de pesos.

De acuerdo a un estudio actuarial del 2006, el promedio del monto de jubilaciones y pensiones de la CLyF es de 33 mil 912 pesos mensuales, frente a los 29 mil 121 que paga el Bancomext.

Las barbas, pues se están remojando.

Balance general

Desconocido por el gobierno venezolano el acuerdo que se había pactado entre el presidente Hugo Chávez y el dirigente de Cementos Mexicanos, Lorenzo Zambrano, cuyo encuentro, como le comentábamos ayer, se había pactado con intermediación de prominentes personajes de la izquierda mexicana, la preocupación del banco español Santander subió al máximo.

Como usted sabe, el nuevo amago de nacionalización, con etiqueta de compra por parte del Estado, alcanza al Banco de Venezuela, propiedad de la firma hispana, el segundo más importante del país andino, si bien su tamaño sería el equivalente al del Scotiabank que opera en México.

Hasta ayer no había ninguna propuesta del gobierno venezolano sobre el precio que se pagaría, ni se había instalado mesa alguna de discusión.

El anuncio se realizó al conocerse la intención de Santander de vender el banco a inversionistas locales como una forma de protegerlo ante los barruntos de intervención oficial.

Por lo pronto, la intermediaria sigue operando con su mismo personal y bajo sus propias reglas, por más que tras el anuncio oficial del golpe se le impide repartir dividendos a los accionistas.

Ahora que, quien sí se arregló con el gobierno de Venezuela fue el grupo cementero Holcim, quien aceptó la venta de 85% del capital de sus plantas, manteniéndose la propiedad del resto.

El arreglo se pactó el lunes pasado, por más que el monto real de la indemnización está sujeto al resultado de una auditoría financiera.

El marco del pacto fue el acuerdo firmado entre Suiza y el país sudamericano en materia de protección de inversiones.

El año pasado las ventas de Holcim Venezuela alcanzaron 200 millones de dólares, apenas el uno por ciento de la facturación total del grupo.

Juntos o muertos

La exposición de motivos en la presión de Aeroméxico y Mexicana de Aviación para que la Comisión Federal de Competencia (CFC) le de el visto bueno a su eventual integración con proa a su fusión, es que sólo bajo una misma ruta se garantizarían inversiones a futuro para asegurar la sobrevivencia.

Durante el tiempo en que las líneas aéreas fueron administradas por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y los propios bancos, no se les inyectó un solo centavo de capital, por más que en ambos casos el precio de venta superó las expectativas de los analistas.

Como recordará usted, en total se pagaron 400 millones de dólares por una y otra firmas, lo que, sin embargo, para el común de la opinión pública resultó una ganga.



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