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Agenda Alternativa | Javier Lozano

La veloz perversión



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Lo que faltaba. Derivado de la decisión "de Estado" adoptada la semana antepasada por el presidente Fox, tras su fallida intentona por dejar fuera de la contienda electoral a López Obrador, la veloz revisión y ulterior determinación de la PGR en c...

Lunes 09 de mayo de 2005

La veloz perversión

Que nadie lo dude ya. El estado de derecho es una expresión propia de los discursos y de las declaraciones oficiales, pero no una forma de vida. Y lo peor es que los primeros que ponen el mal ejemplo de una aplicación discrecional y arbitraria de la ley son los encargados de su resguardo

Lo que faltaba. Derivado de la decisión "de Estado" adoptada la semana antepasada por el presidente Fox, tras su fallida intentona por dejar fuera de la contienda electoral a López Obrador, la veloz revisión y ulterior determinación de la PGR en cuanto a que AMLO es culpable de desacato pero no hay delito que perseguir, pasó a hacer trizas la interpretación judicial respecto de dicha figura jurídica y, en paralelo, desnudó la dependencia del Ministerio Público respecto del Ejecutivo.

Por increíble que parezca, en menos de una semana el flamante procurador, Daniel Cabeza de Vaca, pudo revisar un expediente de 16 mil fojas y determinó que se configuraba el cuerpo del delito a partir del tipo legal consecuente pero llegó a la sabia conclusión de que el artículo 206 de la Ley de Amparo no contiene una sanción específica para tal conducta y que, por tanto, la remisión expresa que se hace al 215 del Código Penal Federal no basta para la imputabilidad de responsabilidad sobre el jefe de Gobierno (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege).

De un plumazo, pues, la veloz y sagaz lectura de un compendio documental que le llevó a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados 11 meses y que mereció el voto de 360 legisladores de esa misma instancia, echó por tierra los argumentos y la feroz defensa de la legalidad y del irrestricto respeto al estado de derecho con el que se le llenó la boca a los voceros oficiales (señaladamente al ocupante del palacio de Bucareli).

De nada sirvió que fuera la misma PGR la que invocara la configuración del cuerpo del delito de desacato y la presunta responsabilidad de AMLO sobre el mismo, alegando, particularmente, la existencia de la tesis 46/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la perfecta sincronía entre los citados preceptos legales. Vaya notición y precedente que sientan para que, a partir de ahora, todo funcionario público ignore las suspensiones ordenadas por el Poder Judicial de la Federación al conocer de juicios de amparo.

De veras que ni las formas cuidan. No gastaron siquiera una semana para llegar a tan brillante conclusión jurídica; dejaron en el peor de los ridículos a todos los legisladores a quienes convencieron de las bondades de la aplicación estricta de la ley; evidenciaron sus verdaderas intenciones políticas de sacar de la cancha a AMLO; se revelaron como perversos ingenieros del mal para acabar siendo tibios pregoneros del arrepentimiento y, por si fuera poco, exhibieron lo que ya era por todos conocido: la absoluta dependencia de la PGR respecto del designio presidencial.

Y a todo esto va una preguntita: ¿no imaginaron los señores senadores este escenario al ratificar, sin chistar, el nombramiento del abogado de la oficina del Presidente como procurador general de la República?



Comercializadoras

Otros que traen la brújula perdida son los de la SCT y, no se diga, los de la Cofetel. Resulta que, a raíz del conflicto sostenido con la representación comercial de Estados Unidos (USTR), el entonces embajador de México ante la OMC, Eduardo Pérez Motta (hoy presidente de la Comisión Federal de Competencia), comprometió con su homóloga de ese vecino país la adopción de ciertas medidas regulatorias para evitar consecuencias mayores desde dicho organismo multilateral. Una de ellas consiste en la emisión de un Reglamento de Comercializadoras sobre Servicios de Telecomunicaciones a más tardar el 1 de julio de este año.

Las comercializadoras revenden capacidad y servicios provenientes de las concesionarias de redes públicas de telecomunicaciones, por cuenta propia, y fomentan con ello una mayor oferta de bienes y servicios en la materia. Es ésta una figura prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones pero precisa de aquel ordenamiento presidencial para que puedan instalarse y operar en el país.

Pues resulta que, previa consulta selectiva y secreta, la Cofetel propuso a la SCT un anteproyecto de reglamento que denota ignorancia y descuido, por decir lo menos. Sin tomarse siquiera la molestia de definir el término, pretende regular a los permisionarios de manera genérica, haciendo obligatoria la disponibilidad de la infraestructura y servicios de las concesionarias, sin discriminación alguna, a favor de aquéllos, mismos que no asumen compromisos de inversión, ni límites en cuanto a la participación extranjera se refiere.

Olvidan o más bien, ignoran las autoridades del sector, que la relación de las concesionarias con los permisionarios debe basarse en meros acuerdos comerciales, caso por caso y a conveniencia mutua. No hay interconexión o acceso a recursos esenciales ni nada por el estilo.

Lógico, ya las empresas y cámaras del sector manifestaron su absoluto rechazo a este anteproyecto. A ver ahora cómo le hacen para resolver el entuerto. En el colmo del absurdo, se pretende expedir esta pieza regulatoria sin haber resuelto la dominancia de Telmex en diversos mercados, sin haber abierto la competencia para los servicios de larga distancia en la mitad de las áreas locales del país y sin haber permitido el triple play a las empresas de televisión por cable. No se miden.



Posdata

Ese detallito de la señora Marta, de incluir en su libro Caminando (que es gerundio) una frase de Bernard Shaw como propia, retrata, de cuerpo entero, su afán por mostrar un rostro que no le pertenece y, peor aún, parte de la base de que la gente de este país tiene el mismo nivel de información y gusto por la lectura que los habitantes de la cabañita oficial.

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