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Agenda Alternativa | Javier Lozano



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Lunes 07 de julio de 2003

El accidente

Ronda un sentimiento de preocupación en el sector de las telecomunicaciones ante la evidente falta de resultados del regulador. Se cuestiona ya si la competencia es una prioridad de gobierno

Ya comentábamos la semana pasada sobre los mitos que cobijan la falta de actividad y de resultados hacia el interior de la Cofetel. De hecho, advertíamos de una serie de temas que, sin necesidad de contar con una nueva ley o con una reforma integral en la legislación de la materia que fortaleciera la estructura y facultades de la Comisión, bien podrían ser atendidos de inmediato.

Un primer asunto que viene a la mente es el de la regulación específica al agente con poder sustancial en el mercado, es decir, al dominante. Aquí se ha dicho de todo para justificar la nada. El caso es que, a un año de distancia de que la Cofetel tuviera que echar abajo su propia Resolución para imponer reglas especiales a Telmex en los cinco mercados relevantes que definió la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), el asunto no ha tenido siquiera visos de resurrección. Es decir, gracias al amparo obtenido por Telmex para su causa en contra de la declaratoria de dominancia expedida por Cofeco, todos los actos que de la misma derivaron -como lo es el caso de la Resolución de Cofetel cuya expedición se basó justamente en dicha declaratoria- habrían de quedar sin efecto por provenir de un acto violatorio de garantías individuales.

Sin embargo, pareciera que en lugar de tratarse de una pésima noticia para el regulador de las telecomunicaciones, la determinación judicial les vino como anillo al dedo para así no asomarse al balcón. Claro que al preguntárseles del porqué de su pasividad para iniciar un nuevo procedimiento de regulación especial para Telmex, la respuesta que se obtiene se asemeja más a un pretexto que a una razón.

Uno se hubiera imaginado que, a la par del anuncio de que la Resolución de dominancia quedaba sin efecto, se estarían dando a conocer los mecanismos de regulación, supervisión y vigilancia asociados al contenido del título de concesión de Telmex, al ser éste un verdadero instrumento de regulación asimétrica que, de aplicarse a cabalidad, podría satisfacer en gran medida lo que por años se ha buscado en las reglas especiales derivadas del artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Esto es, aún sin imponer nuevas obligaciones específicas a Telmex bien podría tenerse un "Plan B", que implicaría una mucho más estricta aplicación y vigilancia de lo que corresponde cumplir a Telmex conforme a su título de concesión. Claro que, en paralelo, debería iniciar la Cofetel un nuevo procedimiento para la expedición de una siguiente Resolución especial basada en la segunda declaratoria que expidió Cofeco en 2001 y que, hasta hoy, no ha sido revocada.

Lo reprobable pues no está en un eventual revés jurídico que termine por darle la razón a Telmex en la interposición de un amparo sino en la forma negligente de sentarse a lamentar el destino y a suponer nuevos escenarios de derrota ante la mirada atónita de la industria y de los propios consumidores que no alcanzan a entender la razón de ser de un organismo creado para regular y supervisar y que, desde hace ya varios meses, ni regula ni supervisa pero sí cuesta.

Es así que una honda preocupación ronda ya en el ambiente en cuanto a éste y otros temas relacionados. Cada vez cuesta más trabajo entender cómo es que ante la evidencia cotidiana de ineptitud, desorden administrativo y desdén por su trabajo, se mantiene a toda una estructura de funcionarios de alto nivel que mucho le cuestan al contribuyente y que, simplemente, no hacen el trabajo que les corresponde. Nadie pide a la Cofetel que se convierta en el gran definidor de políticas públicas, ni en el eficaz cabildero con el Congreso ni que se bata en feroz duelo con los detractores de la competencia sino, simple y sencillamente, que asuma su papel de promotor, regulador y supervisor en el sector, y que ponga manos a la obra, con lo que tiene a su alcance. No se pide más, pero tampoco menos.

Y entonces necesariamente surge la pregunta que, ésta sí, rebasa las paredes de Radiatas para llegar no sólo a Xola sino a Molino del Rey. ¿En verdad este gobierno cree en la competencia? No se trata de una exageración. Más bien constituye un cuestionamiento serio y razonado, de profunda preocupación en lo poco que queda de presencia y coraje de la otrora aguerrida industria.

Insisto: ¿les importa en verdad la competencia?

Ya Fernando Sánchez Ugarte señalaba buena parte de las causas y eventos que a él, como Presidente de Cofeco y a 10 años de la creación de ese órgano antimonopolios, le preocupan del presente y futuro de la competencia en éste y otros sectores. Es más, la elección del nuevo titular de esa Comisión en diciembre próximo causa inquietud en cuanto a la no-reelección de Fernando y al posible advenimiento de alguna figura decorativa que llegue a ocupar las oficinas del organismo.

Lo hemos dicho en varias ocasiones. Bienvenido e-México y todo lo que le acompaña. Es un gran programa de carácter social y su desarrollo podrá cambiar el rostro de un país que dista mucho de haber alcanzado el nivel deseable de conectividad y acceso a la red. Pero ello no basta para dotar de plena competitividad a nuestra economía. La competencia ha de ser, en sí misma, una razón de Estado, un auténtico hilo conductor de políticas públicas y directriz en la actuación de los funcionarios gubernamentales. Conectividad y competencia no están reñidas.

Así pues, la falta de resultados en el regulador de las telecomunicaciones podría no ser un mero accidente en el camino sino una política deliberada. Pronto lo sabremos.

* El autor es Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.

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