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Agenda Alternativa | Javier Lozano



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Lunes 21 de abril de 2003

La letra muerta

Tan importante para el sector de las telecomunicaciones es contar con un marco jurídico cierto y con un programa estratégico bien definido, como la voluntad misma del gobernante por cumplirlos y hacerlos cumplir. Unos, sin los otros, son letra muerta

En su oportunidad, muchos reconocimos públicamente que el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 conformaba en general un documento rector bien articulado, con una planeación estratégica inteligente y con líneas de acción viables y realistas, al menos en el área de las telecomunicaciones. En honor a la verdad, el programa logró conciliar los aspectos torales de la competencia y los objetivos que la misma persigue en el sector con la indiscutible necesidad de avanzar en la cobertura y conectividad social.

De hecho, en su página 175, quedó claro que "el principal reto en esta materia es que, en un marco de sana competencia, se multiplique el número de líneas, incrementando la penetración y cobertura del servicio, se alcance una mejor cobertura geográfica y se distribuyan más equitativamente los beneficios sociales del servicio. Para lograrlo será necesario promover e impulsar el otorgamiento de concesiones en zonas de poco desarrollo, así como aumentar la penetración del servicio de telefonía pública".

Aún más, el siguiente párrafo destacaba que "es evidente que el marco regulatorio resulta clave para orientar la política en materia de telefonía básica: debe garantizar la competencia, la diversidad de servicios, la interoperabilidad de redes y su interconexión en condiciones equitativas.

Por lo tanto, es imperativo actualizar la Ley Federal de Telecomunicaciones, incorporando disposiciones acordes con el desarrollo tecnológico, el nuevo entorno derivado de la convergencia, los nuevos servicios disponibles a través de Internet, las redes de telecomunicaciones globales y los nuevos servicios que utilizan el espectro radioeléctrico".

Y en cuanto al tema de inversión extranjera, se plantea su promoción en el subsector, "lo que facilitará su desarrollo y modernización". A reserva de continuar con el tema, hagamos un ejercicio de evaluación de los resultados a la luz de los propósitos comentados.

1. Ya quedó claro en el Programa Sectorial que el aumento en la teledensidad no está reñido con el fortalecimiento de la competencia y quedó claro, también, que para que la competencia florezca ha de ser necesaria dotarla de condiciones equitativas y de un marco regulatorio cierto y aplicable.

No ha lugar, entonces, al falso discurso de que la teledensidad no crece porque las empresas entrantes no invierten y que sólo desean descremar mercados o colgarse de la red de Telmex en una suerte de expropiación silenciosa. Si la teledensidad no crece obedece mucho más a un tema de tarifas que a uno de inversión.

Y es porque a la gente simplemente no le alcanza más para pagar el costo de instalación de una nueva línea ni mucho menos la erogación mensual de una renta fija, se utilice o no el teléfono, además del gasto que implica, desde luego, un servicio medido por evento o por tiempo. Contrario a lo que se ha dicho, aquí habría mucho que se podría hacer pues si bien el principio es el de la libertad tarifaria, para el caso de Telmex sí se pueden y deben controlar los precios de su canasta de servicios básicos, como ocurre también para la telefonía móvil. Ya se sabe qué sucede con el resto si el líder en un mercado mueve los precios a la baja. Y no es mediante el acuerdo entre operadores como ello podría darse. Eso sería colusión y queda prohibida por ley.

2. Si se dice que es imperativo actualizar la Ley Federal de Telecomunicaciones para alcanzar todos estos objetivos ¿por qué el gobierno federal no ha presentado y cabildeado una iniciativa propia y, a cambio, ha permitido que se llegue al extremo de polarizar y politizar el tema hacia el interior del Congreso, sin posibilidad real alguna de contar con esa pretendida nueva legislación en el corto o mediano plazo?

3. Se dice que se pretenden otorgar nuevas concesiones en zonas de poco desarrollo y, sin embargo, no se ha asignado un solo centavo del Fondo de Cobertura Social creado por decreto de la Cámara de Diputados, desde el 31 de diciembre del 2001 y por un monto de 750 millones de pesos, precisamente para atender zonas marginadas que carecen del servicio telefónico.

Además, no se ha echado mano del artículo 50 de la Ley vigente que permite la asignación directa de frecuencias de espectro para fines de cobertura social, entre otras medidas. Ya dijimos, empero, que el programa e-México constituye un importante y ambicioso proyecto social de conectividad pero, como el propio Programa Sectorial define, son cosas diferentes y complementarias mas no excluyentes.

4. Es curioso que se hable de promover una mayor inversión extranjera en el sector cuando todos sabemos que el esquema actual es aberrante pues al tiempo de permitir una inversión foránea superior al 49% en redes inalámbricas de telefonía móvil, no lo hace para las fijas ni, mucho menos, para las cableadas.

Al no sólo haber abandonado las discusiones sobre el tema hace más de un año sino, peor aún, al no presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones o a la de inversión extranjera, este propósito es pura letra muerta.

Seguiremos con el análisis de los objetivos y sus resultados en las próximas entregas en aspectos aún más notorios pero, por lo pronto, se puede observar que sí se cuenta con un programa de trabajo, que el mismo es atinado y que el problema se ubica más bien en la falta de voluntad para cumplir con el mandato que la ley confiere al gobierno y con los objetivos que el propio gobierno se planteó en sus documentos rectores sexenales.

*El autor es presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.

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