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Agenda Alternativa | Javier Lozano



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Lunes 31 de marzo de 2003

La mayoría de edad

En la discusión que se libra sobre la necesidad de tener una nueva Ley Federal de Radio y Televisión, se ha querido mostrar al grupo de los buenos contra el de los malos cuando, en realidad, lo que está a discusión es mucho más profundo y serio: la constitucionalidad de las iniciativas

Hoy día se ha vuelto común el estigmatizar a quienes cuestionan buena parte de las propuestas cambistas que se originan desde el gobierno o desde el Congreso, como un auténtico freno de la democracia, como la representación más rancia del autoritarismo y, consecuentemente, cual si se estuviese frente a un grupúsculo de enemigos del régimen modernizador, honesto, sensato y productivo que vino a hacer el relevo hace un poco más de dos años.

El error consiste en dividir a la sociedad, a sus grupos de interés y al poder factual mismo en dos grandes equipos: los buenos y los malos. Esto es, en una visión propia del maniqueísmo se intenta distinguir a los que están conmigo o en mi contra. ¿Se acuerdan del discurso del Presidente Bush? Bueno, pues ahora nos empieza a suceder un poco lo mismo con algunas iniciativas de ley que se pretenden cocinar en el Congreso y que, por su debilidad intrínseca, no tienen posibilidades reales para su aprobación.

Lo peor de todo esto no es la ideología detrás de las iniciativas, ni las posiciones dogmáticas de los grupos de interés o presión que las respaldan, ni tampoco la grosera forma oportunista con que se conducen algunos de los prominentes integrantes del poder legislativo. No. Lo preocupante es el desconocimiento de la mismísima Constitución de la República, el atrevimiento a proponer cambios o de plano reformas integrales que no respetan el mínimo principio de legalidad y que aventuran figuras totalmente alejadas de nuestra cultura política, que parten de la base de la desconfianza al gobierno y que creen que son "los ciudadanos", así, comunes y corrientes, quienes podrán venir a hacer la tarea que los gobernantes tradicionales no son capaces de realizar.

Es éste el caso de la última iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión. Ya habíamos comentado la semana pasada de lo aberrante e inconstitucional que resulta el que sea creado un Consejo Nacional de Radio y Televisión (el Consejo), como órgano autónomo y conformado por siete personas designadas por el Senado de la República. Vimos pues que ni el Senado tiene la facultad para hacer esas designaciones y que, además, para que exista un cuerpo colegiado de esa naturaleza jurídica, ha de ser la propia Constitución la que lo prevea, tal y como sucede con los casos del IFE, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o del Banco de México. Es decir, una mera ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución, por más nobles que pudieran parecer los fines que persigue.

Así pues, si lo que se quiere es hacer a un lado al gobierno para que sean ahora los impolutos y preparados ciudadanos los que se encarguen de la conducción del país, claro, como meros nuncios de los senadores quienes, al final del día, serían los mandamás, que lo digan abiertamente y que, entonces sí, propongan una reforma constitucional integral para cambiar la forma de gobierno, porque el nuestro, parte de una clara división de poderes consagrada el en el Título Tercero de la misma.

De ahí que resulta aberrante que, en esa iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión, impulsada por 64 ilustres e informados senadores de la República, se le pretenda conferir al ya aludido Consejo la facultad, entre muchísimas otras claro, de "otorgar, modificar, renovar y revocar concesiones y permisos para estaciones de radio y televisión".

Una vez más, no leyeron nuestros legisladores la Constitución antes de aventurar esta propuesta. Y es que no se entiende que se atrevan a formularla, así sin más, pasando por encima de lo que dice el artículo 27 en cuanto a que "corresponde a la Nación el dominio directo de?el espacio situado sobre el territorio nacional, en los términos que fije el Derecho Internacional?y (que) la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes". ¿Ya lo entendieron? ¿Ya ven que las concesiones para poder usar el espectro radioeléctrico sólo las puede otorgar el Ejecutivo Federal y no sus "mafufos" órganos autónomos de ciudadanos? Ah, porque si lo que pasa es que les parece mejor idea el que así sea, pues entonces propongan un cambio a la Constitución y que se debata todo lo relacionado con el régimen concesionario en el país, no sólo para frecuencias de radio y televisión sino para todo bien del dominio público de la federación. Y por cierto, nada mal vendría en este momento el que el Ejecutivo o sus secretarías de Estado se manifestaran sobre esta intentona legislativa y defendieran lo que es de su competencia porque, hasta ahora, sólo se escucha su silencio.

Y ya nada más para no dejar, ¿no sabían tampoco que la Constitución, en su artículo 72 inciso H., establece que en materia de contribuciones o impuestos la cámara de origen para su discusión y aprobación ha de ser siempre la de diputados?, porque el que pretendan crear un "derecho especial por el uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico de la Nación" para discutirse primero en su propia cámara, en la de senadores, parece ignorar esta otra disposición.

Así que, señores senadores, no utilicen a los ciudadanos como auténticos "escudos humanos" para cobijar sus verdaderas intenciones. Acuérdense que, con muchos esfuerzos y tropezones, pero esta sociedad ya alcanzó la mayoría de edad.

El autor es presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.

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