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Agenda Alternativa | Javier Lozano



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Lunes 10 de febrero de 2003

La bruma

Apareció la SCT en los medios y salió al quite en algunos de los temas polémicos. Con todo, la información sigue siendo insuficiente y a cuentagotas. Y el problema ahora es que las aclaraciones resultaron ser políticas pero no jurídicas

Finalmente la SCT ha decidido hacerle frente a las críticas y cuestionamientos públicos sobre su reciente proceder en diversos y polémicos temas.

El propio subsecretario Álvarez Hoth salió a contestar las críticas del senador Corral sobre su participación en la ya famosa Conferencia Parlamentaria (CPT) y también atajó las dudas surgidas en torno del reciente otorgamiento de una concesión de larga distancia a Telcel.

Qué bueno. Nada más que, para la otra, habría de completar la faena con algo de información adicional y con un poco más de precisión sobre los aspectos jurídicos de sus intervenciones.

En cuanto al primer tema, las versiones sobre lo que realmente sucedió en la conformación de un anteproyecto de consenso vaya ingenuidad respecto de la nueva legislación son dispares y, en el saldo final, pareciera que todos han perdido y mucho.

Lamentablemente, el sector en su conjunto ha visto pasar irremediablemente el tiempo sin que se tomen las decisiones importantes y sin que se envíe una señal de certidumbre a los inversionistas sobre el marco regulatorio que ha de aplicar en nuestro país. Y sin embargo, no creo que sea el subsecretario el único responsable del fracaso de esa intentona.

¿Qué de veras ya se les olvidó la monería del hoy candidato perredista al gobierno de Colima, Jesús Orozco, quien junto con su colega y experto en telecomunicaciones Víctor Manuel Ochoa Camposeco, se atrevieron a presentar una vacilada de iniciativa de ley alternativa el 30 de abril? ¿Y qué pero le ponen a la actuación del diputado Francisco Javier Sánchez Campuzano, quien habiendo apoyado la iniciativa de la CPT no la suscribió? ¿Y cómo ven a la misma CPT que, en su encerrona de Sumiya, nada más le metieron mano en algo así como 200 cambios respecto del proyecto acordado con la subsecretaría el 30 de mayo? ¿Y, para rematar, qué tal la intentona del diputado Raúl Cervantes quien decidió también presentar su iniciativa vestida de dictamen sobre la de Orozco-Ochoa Camposeco, cuyo texto no resistía el mínimo análisis?

No, si en este affaire todo lo que parecía bueno se tornó malo. Vaya, hasta la industria se desmembró mágicamente en medio de las discusiones para así facilitar el rompimiento de los acuerdos. Total que, ni el subsecretario es el único responsable ni tampoco está libre de responsabilidad en este memorable trance legislativo.

Y si bien Jorge Álvarez Hoth se defendió de la embestida corralista, también hay que mencionar que lo menos que se esperaba de él en dicha intervención era un anuncio definitorio sobre los pasos que siguen para sacar del atolladero regulatorio al sector. Se había anticipado que, ante el fracaso final de diciembre, sería la SCT quien directamente resolviera gran parte de la agenda mediante la adecuación de reglamentos, reglas y Decreto de creación de Cofetel. Ya pasaron 40 días y no hay siquiera visos de que ello esté por suceder.

En cuanto al tema Telcel, lo único que yo añadiría a la discusión en cuanto a la afirmación del subsecretario en el sentido de que jurídicamente es "impecable" el expediente de la nueva concesión de larga distancia, es que conforme a la condición 1.2. del título prorrogado y modificado a Telcel el pasado 13 de octubre del 2000, para operar y explotar una red pública de telecomunicaciones en el área metropolitana de la ciudad de México, "en caso de que el concesionario pretenda prestar servicios adicionales a los actualmente comprendidos en los Anexos de la Concesión, requerirá previamente del dictamen favorable emitido por la Comisión Federal de Competencia (CFC)".

Esto es, nadie discute que según el artículo 24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones no se requiere de la opinión de esa Comisión para poder otorgar una concesión de red pública. Y, sin embargo, existen normas individualizadas, como lo son las condiciones contenidas en un título de concesión, que son igualmente obligatorias que una norma de carácter general, abstracto e impersonal de las contenidas en la ley. Más aún, ante la duda sobre el alcance de una y otra, prevalece la norma específica respecto de la general.

Ahora bien, si lo que se intentaba era evadir el espíritu y literalidad de esa obligación para lo cual, incluso, se sacrificó el procedimiento simplificado de sólo obtener un anexo al título y se decidió optar por el largo y sinuoso camino de un nuevo título de concesión para no tener que pasar por la estorbosa aduana del órgano regulador en competencia, eso se llama, en buen romance, fraude a la ley.

En fin, como no estoy en contra de que Telcel tenga una nueva red de larga distancia sino que sólo cuestiono la forma en que se hacen las cosas, aquí dejo el tema para que sean los verdaderamente interesados los que continúen con la indagación.

Lo que sí sigue siendo un misterio es la forma en que la nueva comisionada jurídica, Clara Luz Álvarez, pudo cumplir con el Decreto de creación de Cofetel en cuanto a su desempeño destacado en el sector de las telecomunicaciones.

Entiéndase bien que ni es un asunto personal ni una duda sobre las credenciales y aptitudes de la abogada, sino un requisito sine qua non establecido en el estatuto orgánico de la Comisión. Bueno, es más, échenle un vistazo a la página web de Cofetel y métanse al vitae de la licenciada para que noten que no existe en el mismo siquiera el vocablo "telecomunicaciones" o algo que se le parezca.

Ya les platicaré de las tarifas recientemente aprobadas por Cofetel a Telmex donde, también, hay bruma que despejar.

Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones.

[email protected]



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