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Agenda Alternativa | Javier Lozano



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Lunes 11 de noviembre de 2002

La Cátedra

Increíble: lejos de hacer su trabajo para acabar con la incertidumbre en el sector, ahora el gobierno federal propone mantener el impuesto especial para las telecomunicaciones el próximo año. Ah, y también da cátedra a los empresarios

Algo grave está ocurriendo en las áreas encargadas de definir las políticas públicas de este país. Ante la evidente incertidumbre que generan las sensibles ausencias del gobierno federal en la concreción de la nueva regulación de las telecomunicaciones, ahora se suma una contradicción más: dicen tener, por un lado, toda la intención de promover el crecimiento del sector y, al mismo tiempo, insisten en gravar con impuestos especiales a diversos servicios de telecomunicaciones. Es decir, una absoluta desconexión entre lo que se dice y lo que se hace.

El problema fundamental que nos aqueja en este como en tantos otros sectores es que no se cuenta con una auténtica política de Estado sino, únicamente y a cuentagotas, con una política de gobierno, estrictamente sexenal y sin los acuerdos básicos necesarios para su implementación. Así, con enorme facilidad se habla de objetivos y metas nacionales en el sector de las telecomunicaciones que en nada conmueven a un Congreso que, como en el absurdo empeño del año pasado para lograr una mayor recaudación a costa de lo que fuere, aprobó un impuesto especial para estos servicios francamente retrógada, absurdo, inequitativo y contradictorio. Podríamos ser generosos con el suceso y conceder el beneficio al Ejecutivo Federal en cuanto a que ese impuesto, su idea y su aprobación, fueron responsabilidad exclusiva del Congreso, lo cual sinceramente llama a risa pues sabemos bien, después de todos estos meses, que la misma Secretaría de Hacienda estuvo detrás de ello desde un principio. Pero, al menos formalmente, pareciera que podría alegarse que se trató de una propuesta y una determinación estrictamente del legislativo. Bueno, pues ahora resulta que es el propio Presidente de la República quien propone en su iniciativa para el paquete fiscal del próximo año, la permanencia del impuesto especial a los servicios de telecomunicaciones, no obstante la bajísima recaudación mostrada, el brutal impacto que ha tenido en industrias que, como la de radiolocalización móvil de personas ("paging"), ha tenido en su de por sí diezmada situación financiera, y que en resumidas cuentas envía una pésima señal hacia los inversionistas y el consumidor.

Más contradictorio aún resulta el que el Ejecutivo Federal proponga la derogación del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios -lo cual se le reconoce y aprecia- mientras insiste en la permanencia del otro impuesto especial a las telecomunicaciones. Y todavía es más evidente esta pifia si se lee el párrafo correspondiente de la exposición de motivos de las reformas a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2003, donde expresamente afirma el Presidente de la República: "Respecto del impuesto a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios, a casi un año de su aplicación, no ha brindado a la Federación la recaudación esperada y su aplicación ha sido altamente compleja para los contribuyentes. Por ello, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone su derogación". En cambio, para los impuestos a los servicios de telecomunicaciones, se conforma el Presidente con enviar una serie de adecuaciones que pretenden corregir contradicciones, lagunas y definiciones, para así medio clarificar las barbaridades aprobadas el año pasado, pero nada más. Sólo para ilustrar lo aberrante de esta decisión y si de veras es cierto que una de las razones para eliminar los impuestos suntuarios es la baja recaudación mostrada, nótese que los ingresos que la federación esperaba generar entre enero y septiembre de este año por concepto de los impuestos a las telecomunicaciones era de 2,655.5 millones de pesos, mientras que la recaudación real -oficialmente reconocida- es de apenas 929.8 millones. Es decir, 65% por debajo de lo esperado y, aún así, se empeñan en mantener este gravamen. Bueno, para acabar pronto, de un monto calculado para el 2002 de 3,830.8 millones de pesos por este mismo concepto, se prevé que para el 2003 tan sólo se recauden 1,387 millones, o sea, 64% menor en términos tributarios. ¿Vale la pena, pues, mantener este estado de cosas o sería mejor guardar congruencia con la otra política pública, la sectorial de comunicaciones y transportes, para impulsar el desarrollo de esta sensible y alicaída área de nuestra economía? ¿Está en desacuerdo el Ejecutivo con el concepto mismo de impuestos especiales, que son inhibitorios al consumo, independientemente del tipo de bienes o servicios de que se trate? Si así es, ¿cómo explicar que proponga la eliminación del relativo a bienes suntuarios y mantener el de los servicios de telecomunicaciones?

Ya estaremos atentos a lo que suceda al interior del Congreso en la discusión del paquete fiscal del próximo año. A juzgar por lo sucedido hace once meses, nada ni nadie nos puede asegurar cuál será la suerte de este infame gravamen. Mientras tanto, un poquito de congruencia en la planeación económica no le vendría mal a los encargados de las políticas públicas del país. Ya es tiempo de que se deje de improvisar y se planteen auténticas políticas de Estado y no de gobierno, que sólo miran el corto plazo y de vocación recaudatoria. Y, en este contexto, nada mal le vendría a la industria un mensaje claro e inequívoco de las autoridades del sector, para combatir juntos esta intentona por mantener el impuesto a las telecomunicaciones, en lugar de andarles dando cátedra de cómo administrar sus negocios o de hacerles llamados de unidad al tiempo que se encargan de dinamitar los pocos puentes de entendimiento que existen.

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