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Regular las marchas

Miguel Carbonell| El Universal
Viernes 29 de junio de 2007

Cada vez que alguien propone regular las marchas en la ciudad de México, no faltan las voces que, desde el sector más retrógrado de la izquierda, señalan que tal regulación supondría un atentado a los derechos humanos.Frente a estas visiones simplistas hace falta poner de manifiesto algunas obviedades:1. Las marchas pueden y deben ser reguladas en el DF, tal y como ha sucedido en otros países en los que se tienen sistemas democráticos muy consolidados. Es decir, la regulación del ejercicio de los derechos de manifestación y reunión no es incompatible con la democracia, sino todo lo contrario.2. La regulación de las marchas, si está bien hecha, no afecta en lo más mínimo el derecho a manifestarse, sino que lo hace compatible con el ejercicio de otros derechos que pueden ser afectados por una marcha, como por ejemplo la libertad de tránsito.3. El gran reto de cualquier regulación constitucionalmente correcta es lograr un balance, una ponderación razonable entre el derecho de manifestación y el derecho a la libertad de tránsito, cuando las manifestaciones transcurren por la vía pública.4. La regulación de las marchas podría servir como un instrumento de protección de los propios marchistas. Por ejemplo, si la regulación dispone que cualquier marcha tendrá que ser comunicada a la Secretaría de Seguridad Pública del DF con cierto tiempo de anticipación (en el derecho comparado encontramos plazos que van de las 48 horas hasta los 15 días), entonces la policía podría montar un operativo que sirviera para proteger a los manifestantes, de tal forma que no se pudieran filtrar reventadores o provocadores en la marcha. La presencia policiaca podría servir también como un elemento disuasorio frente a la posible comisión de actos vandálicos por parte de los manifestantes, desde luego.5. En una sociedad democrática el ejercicio de los derechos fundamentales no puede llevarse a cabo de tal manera que termine vulnerando los derechos (igualmente fundamentales) de otras personas. La sabiduría popular acierta cuando señala que "el derecho de una persona llega hasta donde empieza el derecho de otra". Los derechos fundamentales deben poder convivir en el espacio público de la forma más armónica que sea posible.Aparte de las anteriores consideraciones, cabe señalar que a un gobierno de izquierda no debería resultarle extraño un ejercicio legislativo tendiente a hacer compatible el ejercicio de dos derechos fundamentales. La izquierda más moderna (esa que en México apenas se conoce) ha convertido el discurso de los derechos en uno de sus motores ideológicos y programáticos. Basta mirar las medidas que a favor de grupos en situación de vulnerabilidad o discriminados ha tomado el gobierno de Rodríguez Zapatero en España. En apenas tres años de gobierno Zapatero ha realizado una verdadera "revolución de los derechos" protegiendo a las parejas homosexuales, a las personas con discapacidad, a las mujeres dentro de las empresas, de los partidos políticos y dentro de sus hogares a través de la legislación integral contra la violencia de género, etcétera. Esto demuestra que si la izquierda se toma en serio los derechos, es mucho lo que puede hacer. La peor izquierda (esa de Chávez, Evo y Fidel) está completamente peleada con la legalidad y los derechos. ¿De qué lado se va usted a ubicar, señor Ebrard: de la izquierda cavernícola o de la izquierda de progreso y libertad real para todos?miguelc6@hotmail.comInvestigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM ada vez que alguien propone regular las marchas en la ciudad de México, no faltan las voces que, desde el sector más retrógrado de la izquierda, señalan que tal regulación supondría un atentado a los derechos humanos.

Frente a estas visiones simplistas hace falta poner de manifiesto algunas obviedades:

1. Las marchas pueden y deben ser reguladas en el DF, tal y como ha sucedido en otros países en los que se tienen sistemas democráticos muy consolidados. Es decir, la regulación del ejercicio de los derechos de manifestación y reunión no es incompatible con la democracia, sino todo lo contrario.

2. La regulación de las marchas, si está bien hecha, no afecta en lo más mínimo el derecho a manifestarse, sino que lo hace compatible con el ejercicio de otros derechos que pueden ser afectados por una marcha, como por ejemplo la libertad de tránsito.

3. El gran reto de cualquier regulación constitucionalmente correcta es lograr un balance, una ponderación razonable entre el derecho de manifestación y el derecho a la libertad de tránsito, cuando las manifestaciones transcurren por la vía pública.

4. La regulación de las marchas podría servir como un instrumento de protección de los propios marchistas. Por ejemplo, si la regulación dispone que cualquier marcha tendrá que ser comunicada a la Secretaría de Seguridad Pública del DF con cierto tiempo de anticipación (en el derecho comparado encontramos plazos que van de las 48 horas hasta los 15 días), entonces la policía podría montar un operativo que sirviera para proteger a los manifestantes, de tal forma que no se pudieran filtrar reventadores o provocadores en la marcha. La presencia policiaca podría servir también como un elemento disuasorio frente a la posible comisión de actos vandálicos por parte de los manifestantes, desde luego.

5. En una sociedad democrática el ejercicio de los derechos fundamentales no puede llevarse a cabo de tal manera que termine vulnerando los derechos (igualmente fundamentales) de otras personas. La sabiduría popular acierta cuando señala que "el derecho de una persona llega hasta donde empieza el derecho de otra". Los derechos fundamentales deben poder convivir en el espacio público de la forma más armónica que sea posible.

Aparte de las anteriores consideraciones, cabe señalar que a un gobierno de izquierda no debería resultarle extraño un ejercicio legislativo tendiente a hacer compatible el ejercicio de dos derechos fundamentales. La izquierda más moderna (esa que en México apenas se conoce) ha convertido el discurso de los derechos en uno de sus motores ideológicos y programáticos. Basta mirar las medidas que a favor de grupos en situación de vulnerabilidad o discriminados ha tomado el gobierno de Rodríguez Zapatero en España. En apenas tres años de gobierno Zapatero ha realizado una verdadera "revolución de los derechos" protegiendo a las parejas homosexuales, a las personas con discapacidad, a las mujeres dentro de las empresas, de los partidos políticos y dentro de sus hogares a través de la legislación integral contra la violencia de género, etcétera. Esto demuestra que si la izquierda se toma en serio los derechos, es mucho lo que puede hacer. La peor izquierda (esa de Chávez, Evo y Fidel) está completamente peleada con la legalidad y los derechos. ¿De qué lado se va usted a ubicar, señor Ebrard: de la izquierda cavernícola o de la izquierda de progreso y libertad real para todos?

miguelc6@hotmail.com

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM



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