aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




AMLO, la polémica legal

Fabiola Cancino| El Universal
Lunes 25 de julio de 2005
Al enfrentar 14 controversias constitucionales, interponer ocho, vetar 12 leyes y crear 23 bandos, el mandatario vivió en el debate

A su paso por el gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador fue acusado por PRI, PAN y autoridades federales de mantener un desprecio permanente hacia la legalidad.

El veto a 12 legislaciones, cuando menos, entre ellas la Ley de Transparencia y 30 artículos del Código Financiero de 2003, la creación de 23 bandos informativos, las ocho controversias que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las 14 que interpusieron en su contra con acusaciones de no respetar diversas disposiciones legales, son algunas de las acciones que merecieron diversas críticas contra el político tabasqueño.

Sin embargo, los casos más cuestionados fueron su negativa a acatar las resoluciones judiciales en los casos Paraje San Juan, en Iztapalapa, y El Encino, en Santa Fe. Los dos se resolvieron de manera parcial a favor del gobernante.



El Encino

En noviembre de 2000, en la gestión de Rosario Robles, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) expropió varios terrenos en Santa Fe. Federico Escobedo, propietario del predio El Encino, obtuvo un amparo en el que le ordenaban a la administración local detener la construcción de una calle de acceso al Hospital ABC.

Después de diversas diligencias, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el 17 de mayo de 2004 a la Cámara de Diputados el desafuero de López Obrador, para que enfrentara una acusación por desobediencia judicial.

A principios de 2005, inició la etapa crítica del desafuero, que culminó el 7 de abril, cuando los diputados votaron en su contra.

El 23 de abril un juez le regresó el expediente a la PGR por considerar que hubo irregularidades y el martes 26, el presidente Vicente Fox anunció que la dependencia realizaría una revisión exhaustiva del caso y después el vocero, Rubén Aguilar, señaló que podría declararse nulo el caso.

A la fecha, López Obrador espera la decisión de la PGR.



Paraje San Juan

En el caso Paraje San Juan, el debate inició el 25 de septiembre de 2003, cuando la SCJN fijó una indemnización por mil 810 millones de pesos en favor de Enrique Arcipreste por el terreno de 298 hectáreas, en el que actualmente hay 12 colonias con más de 50 mil familias.

El juicio inició en 1998, en la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas, pero hasta 2002 el gobierno capitalino pidió que se fijara el monto del avalúo, que después se negó a pagar.

En diciembre de 2003 la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitó una orden de aprehensión contra Arcipreste, acusado de fraude procesal y en mayo de 2004, fue deportado de Cuba, junto con el empresario de origen argentino Carlos Ahumada.

A finales de ese mes, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) asegura que el Paraje San Juan es propiedad de la nación y no de particulares, con lo que deja de ser un conflicto para el Gobierno del Distrito Federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía no dicta sentencia definitiva en el caso.



Ejerce el veto

En el periodo 2000-2003, cuando el PRD no tenía la mayoría en la ALDF, López Obrador vetó más de 10 ordenamientos jurídicos.

Las leyes de Protección a No Fumadores, de Aguas, Transporte, Fomento Cultural, para el Manejo de Residuos Sólidos, Atención a Víctimas del Delito, de Venta de Dispositivos Anticontaminantes, Mercantil, y de Obras y Servicios, así como el Código Electoral y los Programas de Desarrollo Urbano, fueron algunos de los ordenamientos censurados.

Una de las más cuestionadas fue la Ley de Acceso a la Información, en diciembre de 2002, por oponerse al Consejo de Información, integrado por 15 personas que, a su decir, significaba "crear más burocracia".

En cuanto al Código Financiero de 2003, López Obrador lo público en la Gaceta Oficial en enero, pero omitió 30 artículos, pues desde su perspectiva tenían errores, como limitar el apoyo a los adultos mayores. Ello provocó que la ALDF interpusiera una controversia ante la Suprema Corte.



Bandos informativos

Del 6 de diciembre del 2000 al 5 de diciembre de 2001, Andrés Manuel López Obrador emitió 23 bandos informativos, lo cual generó polémica con la ALDF, por la validez jurídica que éstos pudieran tener. En abril de 2002, el órgano legislativo aprobó un exhorto para pedirle que se abstuviera de emitir nuevos ordenamientos de este tipo y que respetara las facultades constitucionales del Poder Legislativo local.

El bando más controvertido fue el 2, que prohibe la construcción de vivienda en nueve delegaciones.

Otros de los bandos prohiben la construcción de gasolinerías en cinco delegaciones, los bloqueos en vialidades primarias, establecen la sustitución de microbuses por autobuses o el que decreta el 6 de julio como el Día de la Democracia.



Controversias

Durante su gestión, López Obrador presentó ocho controversias ante la SCJN, mientras que en su contra hubo 14.

Destacan tres quejas de Arne aus den Ruthen Haag, ex delegado en Miguel Hidalgo (2000-2003), quien defendió el control del Bosque de Chapultepec para la demarcación, también pidió que se le regresaran 107 millones de pesos del recorte que aplicó López Obrador en 2003, y al no cumplir la sentencia, interpuso una nueva controversia.

Además de la controversia por el Código Financiero, la ALDF se quejó por el veto a la Ley de Transparencia, la aplicación del Seguro por el Uso de Vehículos Automotores (SUVA) y la creación del Sistema de Aguas, al considerar que invadía sus facultades.

Los ex delegados en Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuajimalpa, interpusieron un recurso para pedir respeto a la autonomía de demarcaciones en el manejo de recursos de Comunicación Social. El primero también pidió a la SCJN que aclarara si el jefe de Gobierno era su superior jerárquico.

Mientras, la PGR interpuso dos denuncias, una de ellas contra López Obrador y la ALDF por la Ley de Establecimientos Mercantiles, donde regulan la seguridad de los bancos. También resaltó la queja del gobernador mexiquense, Arturo Montiel, para exigir el pago de 200 millones de pesos por la entrega de agua del Sistema Cutzamala para la ciudad de México.

A su vez, el mandatario capitalino al menos en ocho ocasiones recurrió a la Suprema Corte, para pedir recursos económicos de la Federación, que no habían sido considerados, por el horario de verano e impedir la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.

También sobre las desapariciones forzadas, por el Paraje San Juan, donde además solicitaba que le dieran trato de gobernador, y por el artículo 122, ante las reformas propuestas en la Cámara de Diputados que establecían que el DF aportar más recursos para educación.

De esa manera, López Obrador vivió en la polémica con la Asamblea capitalina, partidos políticos y hasta autoridades federales los cuatro años y medio de su gestión.



comentarios
0